LA HISTORIA DE MERSANT SEGURIDAD, ESTO SI ES UNA EMPRESA
PIRATA DONDE LAS HAYA.
Sufrir un ictus por no cobrar: el calvario de vigilantes de
Mersant, implicada en una trama de blanqueo
M.D. es uno de los empleados de la compañía, que adeuda varias
nóminas, investigada por la Policía Nacional por formar parte de un presunto
fraude a la Seguridad Social de 6,5 millones de euros
Cuando M.D., un vigilante de seguridad de 56 años por aquel entonces, llevaba ya
cuatro meses sin cobrar su nómina, sintió de madrugada unos calambres en el
brazo y en la pierna izquierda. Estaba sufriendo un ictus. Rápidamente, llamó a
una ambulancia, que lo trasladó a un hospital de la provincia de Cádiz, en
el que estuvo dos semanas ingresado. “Afortunadamente, lo puedo contar, pero fueron meses de mucho estrés por no
cobrar”, asegura M.D., uno de los 600 empleados de Mersant, una empresa que
gestionó la seguridad de dependencias municipales de Cádiz o Chiclana, del
parque metropolitano de Los Toruños en El Puerto —dependiente de la Junta de
Andalucía— o de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde trabajaba
este empleado.Al vigilante de seguridad, que lleva casi toda su vida dedicado a este sector,
le dio mala espina que Mersant se hiciera con el servicio de vigilancia en las
oficinas del SAE, que implantó servicio de seguridad coincidiendo con el inicio
de la pandemia. Él, que trabaja en una de la provincia de Cádiz, se vio venir
“los problemas”. Un par de meses después de hacerse con la adjudicación,
empezaron los impagos. Hasta cuatro nóminas estuvo sin cobrar M.D., que se dio de baja por depresión, y
sufrió un ictus “por el estrés acumulado”. En su casa, su salario era el único
ingreso que entraba. Por eso, tuvieron que irse él y su mujer de la vivienda en
la que se encontraban de alquiler, y desde mediados del año pasado conviven con
sus suegros. “Con la pensión de mi suegro de 93 años estamos saliendo de esta”,
apunta. Esta semana, el vigilante tiene cita médica para saber si le dan el alta y puede
reincorporarse a su puesto de trabajo. Aunque con la incertidumbre de saber qué
pasará con el contrato que ahora tiene Grupo Control —empresa que se hizo con la
adjudicación de oficinas del SAE en la provincia de Cádiz—, porque la Junta ya
ha empezado a recortar en seguridad en localidades sevillanas, después de
iniciar este servicio con la pandemia.
M.D., como la mayoría de vigilantes
que fueron subrogados por otras compañías de seguridad tras rescindir las
Administraciones los contratos con Mersant, ha firmado un documento en el
que exonera a la nueva empresa de asumir los salarios que no percibieron con
la anterior. Un “mal menor” que han asumido para no perder sus empleos y
volver a cobrar. Para recuperar lo adeudado por Mersant deberán esperar, en
la mayoría de casos, a que se los abone el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).El de M.D. es uno de los casos de inmenso sufrimiento que
provocaron los impagos de Mersant, una empresa de seguridad que se ha
conocido recientemente que estaba inmersa en una presunta
trama de blanqueo de capitales y fraude a la Seguridad Social. Más de 20
detenidos, en las provincias de Sevilla, Barcelona y Almería, pertenecientes
a 80 sociedades, y 30 testaferros que hacían transferencias ficticias de
dinero, es el recuento que hace la Policía Nacional de una operación que
destapa un presunto fraude a la Seguridad Social de 6,5 millones de euros y
una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones.La investigación policial se inició a principios de 2022,
cuando entidades como el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) puso en
conocimiento de los agentes que Mersant tenía a 600 trabajadores sin cobrar
desde finales del año anterior. Detrás de los impagos de nóminas estaban los
supuestos intereses de uno de los líderes de la trama, que prestó un millón
de euros a los propietarios de la empresa, que se iba cobrando con lo que le
pagaban Administraciones a Mersant. “Ya lo veíamos venir, porque había ocurrido con distintas
empresas”, apunta Antonio Montesinos, representante del Sindicato
Profesional de Vigilantes, en conversación con lavozdelsur.es. “Lo
sorprendente es que la Administración sea tan ineficaz a la hora de
gestionar estos casos y se le vuelvan a adjudicar contratos una y otra vez a
estas compañías”, señala.Mersant llegó a tener en torno a un centenar de empleados en
la provincia de Cádiz, unos 600 en total, sin cobrar sus nóminas, en
distintos servicios. Desde el parque de Los Toruños, a dependencias
municipales de Chiclana o Cádiz, pasando por oficinas del SAE, el Instituto
Social de la Marina (ISM) de la Casa del Mar —dependiente del Gobierno
central— o centros de Diputación de Cádiz. Hasta oficinas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, a la que, para colmo, debía 1,2 millones de
euros según recogía su propio listado de morosos pocos meses después de
adjudicarle el servicio. “Un organismo público necesita, según la Ley de contratos
públicos, al menos el impago de tres nóminas para cancelar un contrato”,
explica Montesinos, quien lamenta que “la Administración engorda al moroso y
el trabajador se queda sin cobrar”. A vigilantes que, como M.D., trabajaban
en oficinas del SAE, llegaron a adeudarle hasta siete nóminas. Cuatro en su
caso porque le dieron la baja por depresión.Además, los dueños de Mersant supuestamente actuaban
como testaferros de uno de los líderes de la trama de blanqueo, que les
prestó más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Al no
poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para
que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes.
“Parece que tener una empresa de seguridad privada para
blanquear es rentable”, lamentan fuentes policiales, conocedoras del caso en
cuestión, consultadas por la voz del sur .es. “La situación era sangrante, había
muchos vigilantes sin cobrar durante meses, yendo a entidades sociales para
poder comer”, agrega. Estas fuentes apuntan que “el convenio de seguridad privada
no se respeta”, matizando que en las contrataciones públicas viene impuesto,
aunque luego en la práctica hay todo tipo de situaciones de precariedad por
las numerosas empresas “pirata” que hay en el sector. La investigación, llevada a cabo de forma conjunta por la
Unidad Central de la Seguridad Privada en Madrid, el Grupo de Blanqueo de
Sevilla y también la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Cádiz, de la
Policía Nacional, ha terminado esta primera fase —con casi toda seguridad,
continuará— con 23 detenciones y la incautación de 127.195 euros y 1.225
dólares americanos en efectivo, siete vehículos, tres pistolas —una de ellas
detonadora—, una carabina de perdigones y armas blancas como catanas,
cuchillos, navajas y puñales.En la operación, en la que han participado más de 100
agentes, también se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas,
memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación. Se han bloqueado
169 cuentas bancarias, en las que, hasta el momento, se ha constatado la
existencia de más de 300.000 euros.
Fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad
documental y apropiación indebida son los delitos a los que se enfrentan los
detenidos, acusados de blanquear beneficios obtenidos del tráfico de drogas.
Entre 2016 y 2021 justificaron de manera ficticia movimientos entre cuentas
por valor de 27 millones de euros.
CARTA ABIERTA DE LOS
VIGILANTES QUE AÚN QUEDAMOS EN LA EMPRESA ABANDONOS POR MERSANT VIGILANCIA .
“EL TIEMPO CORRE EN
NUESTRA CONTRA, LA EMPRESA ESTA MUERTA”
Son
43 Vigilantes de Seguridad adscritos al Ayuntamiento de Cádiz, más 23 del
Servicio Andaluz de Empleo SAE, más 5 del Centro del Madrugador, dependiente de
Diputación de Cádiz, más 13 del TGSS y otros 5 compañeros más de distintas
conserjerías dependientes de la Junta de Andalucía, Cada día que
pasa la deuda de nuestros salarios sin cobrar aumenta y la asfixia económica en
que sobrevivimos a duras penas, con ayudas de familias para poder comer o pagar
lo extremamente necesario, van obligándonos a dejar impagos que ya no
aguantan más, pues nadie es culpable de esta situación, salvo los que la
generaron y que ahora miran para otro lado, mientras los concursos finalizan y
formalizan contratos nuevos a la mayor brevedad, o las mismas deudas que
sostienen con los trabajadores serán la causa de que estos queden desiertos por
temor a tener que asumir las mismas al subrogar a los trabajadores afectados,
que ha dia de hoy son aún 90 Vigilantes de Seguridad los que mantiene la
desaparecida empresa de Mersant Vigilancia SL en la provincia de Cádiz.
Algunos
trabajadores ya han tenido la suerte de ser subrogados por otras empresas,
(Centro de los Toruños, Ayto de Chiclana, Transportes Generales de Comes,
Catamarán del Puerto, Juzgados, Cementera de Arcos, Hacienda de la Junta en
Jerez) aunque las empresas subrogadas sigan sin abonar lo adeudado por
Mersant, y que será la justicia quien finalmente determine quien abona los meses
de salarios adeudados.
Desde SPV
volvemos a pedir nuevas reuniones con los responsables de estas contrataciones,
para solicitar explicaciones de tantas demoras, estos últimos ya les han
cancelado los contratos, por qué los otros no, pues MERSANT está muerta y por
desgracia, sus trabajadores abandonados por las administraciones, que incapaces
de solucionar el problema, les están dejando morir en una agonía que está
acabando con la salud de todos ellos y con sus vidas.
VOLVAMOS A SALIR
A LA CALLE, A DEFENDER NUESTROS DERECHOS
VIGILANTE DE SEGURIDAD LEVANTA LA CABEZA Y RECUPERA EL ORGULLO DE SER
TRABAJADOR
Primer trimestre – 2022, de lucha sin cuartel contra Mersant Vigilancia S.L.
VIGILANTE DE SEGURIDAD LEVANTA LA CABEZA Y DEFIENDE TU PROFESIÓN SIN
COMPLEJOS
LA DEBILIDAD DEL MOVIMIENTO SINDICAL ES LA FORTALEZA DE LA PATRONAL
AutobÚs
desde jerez a sevilla con afiliados para asistir a concentraciÓn
Estamos en la era de la digitalización, y queremos cambiar el mundo desde un
ordenador, publicando en facebook o instagram, creando movilizaciones virtuales
y organizaciones sindicales que contactan por email o moviles, pero que no se
les ve por ningún sitio, salvo en rr.ss. donde se mueven como pez en el agua, Y
AÚN siendo bueno como medio de comunicación, pierde su fuerza y esencia si es
incapaz de salir a la calle a gritar su denuncia.
El empresario TEME VERTE A las puertas de su EMPRESA, PUES PIERDE ESA IMAGEN QUE
TANTO CUIDA ANTE SUS VECINOS, PERO QUE DESPUES OCULTA AVERGONZADO COMO TODO
MALTRATADOR. HAZTE VISIBLE, HAZTE REAL.
SPV mantiene y propone un sindicalismo tradicional,
de concentraciones de apoyo, de unidad de los trabajadores, de protesta
denunciando las injusticias y lo hace con la cabeza alta, sin complejos,
recuperando el orgullo de ser trabajador y haciéndose visible, pues los poderes
que nos dirigen nos prefieren virtuales, no te dejes engañar y seducir por la
comodidad del sofá, pues te hace débil, que es lo que les interesa a las
empresas y administraciones.
Vigilantes de seguridad de dependencias
municipales de Cádiz lanzan una denuncia pública por impago
El Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz denuncia que la
empresa de seguridad privada 'Mersant Vigilancia S.L.' sostiene importantes
deudas
22 de diciembre de
2021 (14:13 CET)
Vigilantes de seguridad de dependencias municipales de Cádiz lanzan una
denuncia pública por impago.
El Sindicato
Profesional de Vigilantes de Cádiz, como
organización sindical mayoritaria en la provincia
de Cádiz y
en nombre y representación del 'Colectivo de Seguridad Privada', denuncia que
la empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia S.L., sostiene importantes
deudas y retrasos en el abono de los salarios de
la plantilla de vigilantes de seguridad que presta
sus servicios de vigilancia y protección en las dependencias municipales dependientes
del Ayuntamiento de Cádiz.
En
el comunicado, denuncian que se generan "graves consecuencias económicas para la
plantilla y familias de los trabajadores" y añaden que "los compromisos
adquiridos y firmados son con el Ayuntamiento de Cádiz, cuya responsabilidad
subsidiaria es en última instancia suya como empresa principal que genera la
actividad, asegurando
que se está al corriente con las obligaciones de pago en el salario de los
trabajadores y de las cotizaciones en la seguridad social derivadas de la
prestación".
Solicitan, por tanto, que se tomen las medidas necesarias conducentes a poner
fin y erradicar esta conducta de piratería empresarial, que ocasiona graves
perjuicios a los trabajadores afectados, en fechas tan señaladas, y si
fuese
necesario, se
proceda a la cancelación de los servicios contratados con la mercantil, sacando
nuevamente a concurso público dicha licitación de los servicios de seguridad y
vigilancia de las dependencias municipales.
En
estos últimos años se ha provocado el cierre por quiebra y concurso de empresas
que dejan cantidades de deuda con sus trabajadores, como Segur
Ibérica (22,5
millones de euros), Ombuds
Seguridad (casi
40 millones de euros), LPM (19
millones) o EME (12
millones), entre otras. Todo ellos, siendo
sus principales clientes las administraciones del estado, como
ministerios, CC.AA o ayuntamientos. "Es sencillamente inaceptable que quienes
debieran velar por el cumplimiento de las leyes y normas, sean los responsables
por falta de vigilancia y control de estos “agujeros negros” ocasionados en los
bolsillos del contribuyente, pues como trabajadores dejan de percibir sus
salarios y cotizaciones y como ciudadanos deben pagar después las fechorías de
empresarios piratas, que de forma alarmante han anidado en el nicho de la
seguridad privada".
Nuevo frente abierto para el Ayuntamiento
por el impago de nóminas
La empresa encargada de vigilar los edificios «atraviesa un momento delicado» y
adeuda dos pagas a unos 70 trabajadores municipales
Los sindicatos ya advirtieron de que el pliego no cubría los mínimos salariales
Fran M. GalbarroCÁDIZ Actualizado:07/01/2022 17:48h
El Ayuntamiento de Cádiz tiene abierto un nuevo frente por el impago de las
nóminas desde hace unas semanas. Al igual que ocurrió con las limpiadoras
municipales, la empresa concesionaria de los servicios de vigilancia y
seguridad, Mersant, aún no ha abonado a sus empleados la paga extra de diciembre
ni la última nómina, según denuncian los propios empleados.
Unos 70
trabajadores gaditanos estarían afectados en
un nuevo conflicto abierto para el equipo de Gobierno. Los empleados
convocaron recientemente una concentración y la indignación es notoria, ya
que ya advirtieron antes de firmarse el contrato de que el nuevo pliego «no
cubre los mínimos salariales».
La empresa asegura que «está atravesando por un momento delicado» y que trabaja
por «resolver la situación y encauzarla en la mayor brevedad».
En
un comunicado interno, ha pedido «paciencia y comprensión» a los trabajadores y
les ha trasladado que esperan solucionarlo «en un corto periodo de tiempo».
El alcalde, José María González ‘Kichi’, y el edil de Empleo, Carlos Paradas,
mantuvieron una reunión con los representantes sindicales hace unos días tras
conocer la situación. Aseguran que el equipo de Gobierno está «empleando todas
las medidas legales para que se regularice la situación de los trabajadores».
En primer lugar, se ha enviado un requerimiento
por escrito a la empresa adjudicataria,
aunque el Ayuntamiento contempla todas las opciones para solucionar el problema.
Los empleados reclaman que se rescinda el contrato y el equipo de Gobierno
asegura que «actuará según la situación lo requiera, como ya hiciera en otras
situaciones similares como en el caso de los limpiadores municipales en el que
retuvieron el pago a la empresa para poder pagar las nóminas».
El sindicato SPV recuerda que el Ayuntamiento tiene responsabilidad subsidiaria
y pide que se adjudique el contrato a otra empresa
El Sindicato Profesional de Vigilantes recuerda que el equipo de Gobierno tiene
«responsabilidad subsidiaria» y pide que se adjudique el contrato a otra empresa
«que respete los derechos de sus vigilantes». En un comunicado conjunto, han
reclamado que tanto los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana como la Junta y demás
contratistas agilicen el cobro de salarios de los trabajadores afectados.
Los trabajadores ya advirtieron
Los trabajadores municipales ya advirtieron hace dos años, cuando se adjudicó el
nuevo contrato, de que Mersant había tenido problemas similares con otras
administraciones y mostraron su preocupación por las condiciones ofrecidas en el
nuevo pliego municipal. UGT presentó alegaciones para volver a sacar un concurso
que «no cubre los mínimos salariales» y «vulnera la Ley de Contratación
pública». El problema, argumentaron desde el sindicato, estaba en que la oferta
del Ayuntamiento gaditano «no se cumplen las condiciones mínimas necesarias para
aplicar el Convenio Nacional de Seguridad Privada» y «no se contempla en el
mismo desglose económico alguno de conceptos tan básicos como la antigüedad de
los trabajadores, complementos salariales como el nocturno o festividades». El
máximo ofrecido por el Ayuntamiento era de 5,8 millones por dos años con la
cobertura de las dependencias municipales y eventos y actividades organizadas.
Un precio que, en base a esa carga de trabajo durante ese periodo, «no cubre los
salarios de los trabajadores», según UGT. Las empresas «serias» del sector que
hasta ahora prestaban sus servicios, como Securitas, no presentaron candidatura.
El contrato con Mersant acabaría este verano.
Los
vigilantes de las dependencias municipales de Cádiz, en pie de guerra
El PSOE exige al equipo de gobierno que fiscalice los
contratos de seguridad con la firma Mersant
Fachada principal del
Ayuntamiento de Cádiz / D.C. (Cádiz)
REDACCIÓN Cádiz, 08
Enero, 2022 - 06:00h
El
Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) ha convocado para el próximo lunes una
concentración, entre las 11 de la mañana y la una de la tarde a las puertas del
Ayuntamiento de Cádiz “en apoyo de los compañeros a los que se les adeuda
salarios por parte de la empresa Mersant Vigilancia SL”, según una nota hecha
pública a través de las redes sociales. Cabe recordar que esta problemática
afecta a los vigilantes de las dependencias municipales del Ayuntamiento de
Cádiz.
Igualmente “convocamos la asistencia a las reuniones de pleno del Ayuntamiento
de todos los vigilantes que realizan su servicio en las dependencias
municipales, mientras dicha empresa sostenga deudas con los trabajadores o
permanezca contratada por este Ayuntamiento”, según reza en la citada
convocatoria.
A
este respecto, la portavoz municipal del PSOE, Mara Rodríguez, lamenta que, una
vez más, el Ayuntamiento de Cádiz “mire hacia otro lado al ser conocedor del
maltrato que sufren muchos empleados de empresas adjudicatarias de diversos
servicios municipales y no haga nada al respecto”. “Ya hemos denunciado esta
situación, por ejemplo, con los trabajadores de Ayuda a Domicilio, y ahora son
los trabajadores de la empresa encargada de la vigilancia de las dependencias
municipales quienes denuncian la vulneración de sus derechos, con impagos de
salarios y de la paga extra de Navidad”, ha detallado Rodríguez.
HAN CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN PARA ESTE LUNES A LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO
“El
Ayuntamiento no puede mirar a otro lado mientras las empresas adjudicatarias
incumplen el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, advierte la
portavoz, quien exige al alcalde “que fiscalice el contrato y exija a la empresa
privada Mersant que cumpla con sus obligaciones”.
Cabe
recordar que Mersant Vigilancia SL obtuvo en mayo de 2020, a través de un
procedimiento público de contratación el servicio de vigilancia y seguridad en
distintas dependencias municipales por 5.818.125 euros (IVA excluido) por dos
años, prorrogable a otros dos años más. “Si de verdad queremos ser garantes de
una contratación pública responsable, no se deben permitir este tipo de
actuaciones de empresas concesionarias”, afirma Mara Rodríguez, quien ha
incidido que parte de estos problemas provienen de que el Ayuntamiento no
trabaja con la figura del responsable de contrato, cuyo objetivo es reforzar el
control del cumplimiento del pliego y agilizar la solución de las diversas
incidencias que pueden surgir durante la ejecución del contrato.
De
hecho, esta iniciativa socialista para incluir la figura del responsable de
contrato fue aprobada en el Pleno municipal en octubre de 2020, “pero el equipo
de gobierno no lo está haciendo, a pesar de que, si llevasen a cabo su
implantación, los servicios externalizados desde el Ayuntamiento serían más
eficaces y los trabajadores tendrían más seguridad laboral”, ha aseverado la
portavoz.
Vigilantes de seguridad de Mersant: «No
podemos aguantar esta situación. Estamos al límite»
Más de un centenar de trabajadores de la empresa se han manifestado este
domingo, desde las 11:00 horas, para reclamar sus salarios atrasados
Los asistentes al Ecomercado de la RAC han mostrado su apoyo a éstos,
uniéndose incluso al recorrido realizado por las instalaciones de la Casa de
los Toruños
Adrián V. B.EL
PUERTO Actualizado:16/01/2022 17:14hGUARDAR
Los vigilantes
de seguridad contratados
por Mersant Vigilancia S.L. han reclamado, desde las 11:00 horas de este domingo
a las puertas de la Casa de los Toruños, sus salarios atrasados.
En estos momentos, la empresa
dedicada a la seguridad privada les
adeudaría el correspondiente al mes de diciembre, así como la paga extra que
pertenece también al mismo periodo y que coincide con Navidad.
La concentración, la cual ha sido convocada por el Sindicato
Profesional de Vigilantes (SPV) en
apoyo a los mismos, ha coincidido con la celebración de una nueva edición del
Ecomercado de la Red Agroecológica de Cádiz (RAC).
De esta manera, todas las personas que se han acercado hasta las inmediaciones
de ésta, ubicada en la avenida del Mar de El
Puerto,
han podido conocer esta situación que afecta a casi un centenar de trabajadores.
A través de diferentes pancartas
y escritos,
los vigilantes de seguridad han podido transmitir a los asistentes la situación
que están padeciendo desde hace meses y que cada día se agrava más.
Casi cien trabajadores afectados en la provincia
De esta manera, durante la manifestación se
dio a conocer que esta circunstancia no solamente afecta a los once trabajadores
que prestan sus servicios al Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar
de la Algaida, sino a casi cien.
Así, Mersant Vigilancia S.L. tiene suscritos diferentes contratos
con administraciones tanto locales, provinciales como autonómicas,
tales como el Ayuntamiento de Chiclana, la Diputación de Cádiz o varias sedes
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Antonio Montesinos, en representación del Sindicato SPV, ha explicado a LA
VOZ que
«la situación, para algunos, ya es insostenible», añadiendo que «con el salario
que tenemos no van a aguantar mucho».
Además, quiso aclarar que «la empresa ya ha hecho un primer pago y ha refinanciado
la deuda de
la Seguridad Social, lo que le ha ocasionado tener la caja vacía y no poder
pagar las nóminas».
En estos momentos la empresa dedicada a la seguridad privada, que cuenta con una
plantilla de más de mil trabajadores en España, adeudaría alrededor de 3.000
euros brutos a
cada uno de los casi cien de la provincia de Cádiz.
«Paga tarde y mal»
Más de un centenar de personas, entre los que se encontraban los propios
vigilantes de seguridad afectados así como asociaciones como Marea
Negra y
representantes políticos, han portado diversas pancartas a las puertas de la
Casa de los Toruños.
«¡Mersant. Paga lo que debes y vete ya!» o «¡Dignidad
y unión!» han
sido solo algunos los eslóganes que se han podido leer en las pancartas
portadas, las cuales han ido acompañadas por vítores y vuvuzelas.
Además, en las paredes de esta ubicación se han pegado diversas hojas en las que
se explicaban los motivos de esta manifestación, apareciendo frases como «No
cobramos y la Junta lo permite» o
«Paga tarde y mal».
En los mismos también se encuentran algunas de las reclamaciones que
realizan y que se identifican con cuestiones como que «no cumple con el convenio
colectivo», «no cumple con las mejoras prometidas» o «no cumple con las bases
del concurso».
Sin lugar a dudas, uno
de los momentos más emotivos se
vivió cuando uno de los trabajadores afectados tomó la palabra para explicar que
«no podemos aguantar esta situación. Estamos al límite».
Un asunto que se elevará al Parlamento de Andalucía
Alejandro Gutiérrez,
edil del Grupo de Adelante El Puerto y diputado provincial por Adelante Cádiz,
se comprometió durante la concentración a elevar esta situación tanto a la
Diputación de Cádiz como al Parlamento de Andalucía.
A pesar de que quedan escasos días para que se celebre la Sesión
Ordinaria de
la Diputación, si no se puede dar a conocer esta circunstancia mediante una
moción se llevará a cabo a través de un ruego o de una pregunta.
Además, también va a trabajar para que a través del Grupo parlamentario de
Adelante Andalucía se haga lo propio pero en el Parlamento
de Andalucía,
dado que en Andalucía tiene unos 500 vigilantes de seguridad.
Una petición desesperada al presidente de la Junta
Según se ha dado a conocer, los vigilantes de seguridad remitieron hace unos
días una carta a Juanma
Moreno,
presidente de la Junta de Andalucía, debido a que ésta es la que se encarga de
la contratación de Mersant Vigilancia S.L.
Hay que recordar que el Parque
Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida depende
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la
cual está presidida por Marifrán Carazo.
En ésta se explica que esta situación «nos ha llevado a cientos de familias a
pasar y a estar en una dramática situación económica y si usted no hace algo
para solucionarlo nos llevará en un futuro no lejano a soportar
situaciones tristes y lamentables».
Así, ésta continúa afirmando que «los
ciudadanos estamos ya hartos y pedimos soluciones.
No es honrado ni honesto ahorrar contratando a empresas piratas que después no
pagan los salarios a sus trabajadores».
De esta manera, la misma finaliza exigiendo «soluciones y que dejen de mirar
para otro lado, sois
los causantes de nuestros problemas y
responsables subsidiarios de nuestra situación».
A pesar de la delicada situación que se encuentran padeciendo los vigilantes de
seguridad de Mersant Vigilancia S.L., éstos se
encuentran unidos para
luchar por el bien de todos los trabajadores.
Alertan de que la Seguridad Social en
Sevilla contrata a una empresa “morosa”
Edificio de la
Seguridad Social en Sevilla. / JUAN
CARLOS VÁZQUEZ
D. S.19 Enero, 2022
- 06:10h
Una
paradoja. Trabajadores de la empresa Mersant
Vigilancia S.L.,
especializada en servicios de vigilancia, han alertado de que dicha compañía,
que desarrolla su labor en edificios donde se encuentran entidades públicas,
acumula “enormes
deudas” y
no se encuentra al corriente en el pago de las nóminas a sus empleados. Así lo
ha manifestado el Sindicato
Profesional de Vigilantes (SPV),
que ha exigido a las administraciones públicas que pongan especial cuidado a la
hora de adjudicar estos contratos, pues no es la primera vez que recaen sobre
sociedades que, además de no pagar a sus plantillas, “tampoco lo hacen con Hacienda
ni con la Seguridad Social”.
Según
el referido sindicato, Mersant Vigilancia presta sus servicios en la Tesorería
General de la Seguridad Social,
en el Servicio Andaluz de Empleo y en las dependencias del Ayuntamiento de
Sevilla. Su plantilla la conforma personal
subrogado por convenios colectivos del sector.
“Las
ingentes deudas con Hacienda y la Seguridad Social de esta empresa, gestionada
de forma subrepticia por los mismos que en su día hundieron Kappa Vigilancia,
han llevado a una situación límite a sus empleados, que han de seguir acudiendo
a trabajar sin haber cobrado aún la nómina de diciembre. Se les adeuda todavía
parte de la paga extra y muchas horas extraordinarias”, denuncia el sindicato en
un comunicado.
Los
representantes de los trabajadores abundan en que la situación con la Seguridad
Social es aún “más acuciante”, ya que el próximo junio tendría que entrar otra
empresa a prestar sus servicios de vigilancia, al cumplirse los dos años de
licitación. “La adjudicación ha quedado desierta, porque ninguna empresa quiere
hacerse cargo de este contrato, pues tendría que asumir subsidiariamente las
deudas contraídas por la actual concesionaria”, asegura el sindicato.
Una
adjudicación desierta
A
este respecto, en una resolución de la dirección provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Sevilla,
firmada el pasado 10 de enero y a la que ha tenido acceso este periódico, se
declaraba desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de vigilancia,
ya que la única empresa que había presentado oferta era Mersant Vigilancia, pero
dicha licitación no se admitió al comprobarse que la compañía no se encontraba
al corriente “en sus obligaciones con la Seguridad Social”.
Sin
embargo, trabajadores de Mersant Vigilancia aseguran que finalmente, tras
subsanar esa deuda con el ente público, se ha llegado a un acuerdo para que la
compañía continúe prestando el servicio de vigilancia, pese a que, según estos
empleados, aún no se ha puesto al corriente con ellos en el pago de los
salarios.
Por
tal motivo, piden a las administraciones públicas que tengan en cuenta en la
adjudicación de los contratos que las empresas cumplan los convenios colectivos,
que acaban afectando al personal subrogado.
Un coche propiedad de Mersant Vigilancia.
Los
trabajadores de Mersant Vigilancia estallan contra la empresa por
«frecuentes impagos desde hace ya más de un semestre»
Conflicto
abierto entre la empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia, que trabaja
para Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Sevilla y Cádiz, entre otros, y
sus empleados debido al impago de nóminas y al retraso de las resoluciones de
las denuncias. Los sindicatos del sector exigen a las administraciones públicas
que tomen cartas en el asunto
La empresa de
seguridad privada Mersant
Vigilancia SL es
la responsable tanto de la custodia de
multitud de instalaciones públicas dependientes
de la Junta
de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla como
de garantizar la seguridad de los funcionarios y del resto de empleados que allí
trabajan o de las personas y usuarios que acuden a ellas.
Pues bien, los
trabajadores vienen padeciendo una situación insostenible «derivada
de los frecuentes impagos de sus sueldos desde
hace ya más de un semestre» y, sobre todo, como consecuencia del «retraso
insoportable de las resoluciones definitivas a la infinidad de denuncias
cursadas al respecto», según denuncian las fuerzas sindicales de este sector.
Así las cosas, los
sindicatos profesionales del sector de la seguridad privada en Sevilla -Sindicato
Profesional de Vigilantes (SPV) de Sevilla, Unión Sindical Obrera (USO),
Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente de Funcionarios
(CSIF), Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A), Movimiento
Asambleario de Seguridad (MAS) y el Sindicato Solidaridad- han advertido, mediante
notificación conjunta suscrita por sus máximos representantes y
remitida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas
responsables de la licitación de los contratos que están siendo conculcados, que
«deben actuar ipso facto y conminar
a la empresa fraudulenta a que salde la deuda con los vigilantes de seguridad y
que restablezca la regularidad del abono de sus nóminas de inmediato».
Alrededor de 300 afectados en Sevilla y Cádiz
Hay 200 afectados
en Sevilla y 100 en Cádiz, a los que todavía no se les ha pagado la nómina de
diciembre ni la paga extra de Navidad. Y es que Mersant da
servicio a multitud de entidades públicas:
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Sevilla, Ayuntamiento de
Sevilla, Ayuntamiento de Cádiz, Casa Museo Blas Infante, Museo de Bellas Artes
de Sevilla, Parque
Natural Los Toruños…
En instituciones de Galicia, Mersant también comete irregularidades en el pago a
sus trabajadores.
«Llevan dos o tres
días pagando a
cuentagotas,
pero todavía hay más gente sin cobrar que cobrando», señala Sonia
Domínguez, portavoz de SPV en Sevilla.
Mersant ha salido
en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda de 2021, con fecha de 27 de
diciembre, con
una deuda de más de 1.200.000 euros.
«Ha aplazado la deuda y solo ha pagado una parte y, con eso, Hacienda certifica
que está al día en el pago con un documento oficial, que
es el que presenta Mersant en la Junta y en el resto de instituciones para las
que trabaja«,
dijo Domínguez.
Los sindicatos de
este sector se
han unido por primera vez para
luchar por los derechos de estos trabajadores y habrá movilizaciones si no se
actualizan los pagos.
La Ley
Concursal del Sector Público dice
que la empresa que entra a dar un servicio público en una administración tiene
que asumir la deuda de la anterior.
Entonces, a las empresas de seguridad privada no les interesa concursar en
licitaciones en las que se adeuda dinero a los trabajadores, por lo que el
concurso público para renovar el contrato en la Tesorería General de la
Seguridad Social de Sevilla se ha declarado desierto. Mersant
ha sido la única que se ha presentado, pero la TGSS le ha quitado el contrato por
su deuda acumulada (el vigente acaba en junio de 2022).
«Mersant se
está lucrando, porque la Administración le está pagando,
pero la empresa no hace lo propio con sus trabajadores», concluye Domínguez.
«A la espera de que
se resuelvan las múltiples denuncias interpuestas ante los diferentes organismos
y autoridades competentes contra la empresa Mersant Vigilancia SL -como
consecuencia del impago reiterado de los salarios a los vigilantes de seguridad
adscritos en los servicios que explota y de
los que, incomprensiblemente, sigue beneficiándose–
y tras haber informado detalladamente a los responsables de las administraciones
públicas encargadas de la adjudicación de los contratos que, con tanta impunidad
y desvergüenza, la
susodicha empresa continúa vulnerando inmisericordemente,
los sindicatos profesionales de la seguridad privada (representantes de la
mayoría de los trabajadores del sector) han decidido aunar esfuerzos y organizar
conjuntamente las acciones que sean necesarias para que, de una maldita vez, esta
empresa incumplidora pague las nóminas adeudadas a sus empleados o para que la
obliguen a hacerlo«,
reza en el comunicado.
Una
de las pancartas pidiendo SOS en un equipamiento municipal en Cádiz / FOTO:
Eulogio García
Exigen
“valentía” a las instituciones gaditanas que tienen contratada a la empresa
“pirata” Mersant para “pagar directamente a los vigilantes”
El
Sindicato Profesional de Vigilantes ha instado a los diferentes organismos
públicos con contratos en vigor con la empresa Mersant, que ha dejado de abonar
las nóminas a sus plantillas en diferentes servicios (como en los ayuntamientos
de la capital gaditana y de Chiclana) a “asumir con valentía y pagar
directamente a sus vigilantes, aunque les denuncien”. Se lamenta que “contratar
barato, y a una empresa pirata, resulta al final caro”. En la provincia hay un
centenar de vigilantes afectados.
Redacción 30
de enero, 2022 (20:46 h.)
El
Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) entiende que “a quien no respeta la
ley no hay por qué respetarle nada” y por ello insta a los diferentes organismos
públicos con contratos en vigor con la empresa Mersant Vigilancia (y otras como
Seproalert), que ha dejado de abonar las nóminas a sus plantillas en diferentes
servicios en la provincia de Cádiz (y en otros puntos del país) a “asumir con
valentía y pagar directamente a sus vigilantes, aunque les denuncien”.
“Si
la justicia es lenta para nuestras demandas, también será lenta para los
piratas; cuando hayan desaparecido ya no podrán exigir el pago de sus facturas
pendientes de cobro. Estamos hasta ahí de mentiras, dilaciones y engaños”,
subraya indignado este sindicato en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de
Cádiz.
Precisamente con motivo de exigir el pago de los salarios adeudados y las
cancelaciones de los contratos, el SPV está organizando para el 7 de febrero una
concentración a las puertas del Parlamento andaluz, “donde registraremos
nuestras pretensiones”. Saldrán autobuses a disposición de este personal
afectado (un centenar en la provincia gaditana) y sus familiares desde Jerez.
Actualmente, los trabajadores de Mersant viven una situación “desesperada y
sobre todo, sin esperanzas de solución”. Dicha empresa de vigilancia dejó de
abonar las nóminas en diciembre. Trabaja en la provincia en diferentes
dependencias públicas, entre otros para los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana
(que ya han anunciado que, como es lógico, no prorrogarán el contrato con esta
firma una vez que finalice el mismo –en
la capital hay unos 70 afectados,
y en Chiclana 13-), distintas consejerías, dependencias y organismos de la Junta
de Andalucía, algunos juzgados, o el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
“Hay centros y trabajadores pasándolo realmente mal porque -subraya este
sindicato- unos empresarios piratas decidieron quedarse con el dinero de sus
trabajadores para enriquecerse ellos y así llevar un tren de vida a costa de
nosotros, mientras que quienes les contratan ahora miran para otro lado y
carecen de la valentía necesaria de cancelarles de inmediato los contratos,
alegando que hay que cumplir las fechas de terminación”.
“LAS
CONSECUENCIAS DE CONTRATAR UNA EMPRESA PIRATA”
“Cuando una empresa empieza a dejar dinero a deber a sus trabajadores y no abona
las nóminas, todos empezamos a ponernos nerviosos, los primeros sus empleados,
que ven como la presión empieza a caerles encima y a quitarles el sueño”,
evidencian desde el SPV.
E
incide en que al final no sólo afecta a estos empleados y sus familiares, “sino
también a los clientes, que en estas circunstancias empiezan a tomar constancia
de las consecuencias de haber contratado a una empresa pirata”.
“Ahora sale a luz y da la cara, contratar barato resulta al final caro, y además
cuando culpan a la empresa contratada (nosotros pagamos dicen ellos) ya no les
creemos por algo muy sencillo: se les advirtió, se le dijo en ésta y en la
anterior empresa Kappa Seguridad, que también presentó quiebra y dejó en manos
del Fondo de Garantía Salarial a los trabajadores”, se sentencia.
EL DAÑO OCASIONADO POR ESTA EMPRESA NO TIENE
JUSTIFICACIÓN ALGUNA Y SOBRE TODO, POR QUE SUS PRINCIPALES CLIENTES SON
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, QUE LEJOS DE AMPARAR A LAS CONTRATAS,
CONSIENTE, PERMITE Y DA OXIGENO AL EMPRESARIO PIRATA, PUES PAGAR BARATO, ES
CARO, PERO CLARO NO LO PAGAN ELLOS, SOMOS NOSOTROS.
Contratar barato sale caro
Los impagos de empresas adjudicatarias en Cádiz comprometen a varias
administraciones públicas
F. M. G.Actualizado:02/02/2022 18:36hNOTICIAS RELACIONADAS
Por su parte, los ayuntamientos dan ultátum a Mersant, que
tiene contratos también con la administración estatal y autonómica,
para que pague a sus trabajadores y alcance los tres meses de deuda que
permitirían la rescisión de contrato.
El sindicato profesional de vigilantes ha convocado una manifestación a las puertas
del Parlamento de Andalucía el
próximo lunes 7 de febrero y pondrá autobuses a disposición de los vigilantes y
sus familiares desde Jerez. «Hacemos un llamamiento solidario de apoyo a estos
trabajadores de la seguridad privada, para que la asistencia sea masiva», han
trasladado en un comunicado.
Según argumentan, «contratar barato sale caro». El secretario del SPV, Antonio
Montesinos Ruiz, lo explica así: «Hace unos años poder trabajar prestando
servicios en algún organismo oficial era un inmensa suerte. Se contrataban
empresas serias y no se conculcaban los derechos básicos de los trabajadores,
pues de alguna forma, dichos organismos eran los garantes del bienestar y
cumplimiento no solo de sus funcionarios, sino también de las contratas que les
prestaban sus servicios: empresas de seguridad, limpieza, mantenimientos,
jardinería, etc. Con el paso del tiempo, se modificó la Ley de Contrataciones
Públicas y comenzaron a aparecer empresas que ofertando los concursos públicos a
la baja obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la
propia redacción del pliego de condiciones premia y puntúa sobre manera la
oferta económica más barata. Hoy casi todas las administraciones y organismos
públicos contratan lo más barato, lo que genera más problemas a los trabajadores
de las contratas. Es una pena, que mientras esto sucede, en el sentido inverso,
muchos de los políticos de turno se procuran buenos salarios y no dudan en
obtener incluso un pluriempleo en distintas de estas administraciones, cobrando
lucrativos salarios en ambos, puertas giratorias y todo tipo de desvergüenzas.
Podrían pensar un poco más en los ciudadanos y facilitarles sus derechos
básicos, quizás reformando leyes a todas luces injustas».

CSIF exige a las administraciones que
obliguen a Mersant a pagar su deuda con 300 vigilantes de Sevilla

La
protesta de los vigilantes de seguridad a las puertas del Parlamento de
Andalucía. / M. G.
R. S.07 Febrero, 2022
La Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato
más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en
el sector privado, se ha concentrado este lunes a las puertas del Parlamento
de Andalucía para exigir a las administraciones que intervengan ante Mersant
Vigilancia y
consigan que esta empresa abone la deuda que mantiene desde hace meses con su
plantilla de trabajadores, la mayoría de los cuales opera en Sevilla. Según el
Área de Seguridad Privada de CSIF-A, en toda España hay afectados unos 750
empleados y 300 de ellos están en Sevilla.
CSIF
y el resto de organizaciones participantes en la protesta, a la que han asistido
unas 300 personas, han reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento que “no
miren para otro lado mientras una empresa contratada con dinero público incumple
el convenio y los derechos laborales de la plantilla”,
de ahí que hayan exigido el cumplimiento
estricto del convenio o la “anulación inmediata” de todas las adjudicaciones que
tiene la empresa. También
han lamentado la “dramática situación de muchos trabajadores que no tienen
dinero para mantener a sus familias”, según ha recalcado Felipe Caro,
responsable de Seguridad Privada de CSIF Sevilla.
Mersant debe
las nóminas de diciembre y enero, así
como la paga extra de Navidad en
el caso de decenas de profesionales. La empresa, que es andaluza, trabaja para el
Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS). Entre
otras instalaciones, su personal custodia el Museo
de Bellas Artes, oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), juzgados, el
parque de Arte Sacro, la Fábrica de Artillería, las dependencias de la Gerencia
de Urbanismo, varios centros de servicios sociales, centros cívicos y colegios
públicos.
Según
CSIF, los trabajadores sufren una situación
“extrema e insostenible” no
sólo por el impago de sus salarios, sino también por “el retraso en las
resoluciones sobre la infinidad de denuncias cursadas contra la empresa”. En
este sentido, los seis
sindicatos profesionales del sector ya firmaron una notificación conjunta dirigida
a los departamentos de contratación de las administraciones públicas para “que
actuasen ipso facto y conminasen a la empresa fraudulenta a saldar su deuda con
los vigilantes de seguridad y restablecer de inmediato la regularidad en el
abono de sus nóminas”.
Los
representantes de los trabajadores también exigen un
cambio en el sistema de licitación pública para que no se adjudiquen a la baja,
lo que antiguamente se llamaban “bajas temerarias”, ni primen el capítulo
económico. “Con este sistema, que premia la oferta más barata, no entran
empresas solventes, lo que inevitablemente genera impagos. La prioridad debería
centrarse en la solvencia de la empresa y el estudio y la técnica”, ha reclamado
Caro.
La concejala del
PP, en uno de sus encuentros con representantes de los afectados. - La
VozLABORAL
Los 116.000 euros municipales para la
Mersant no llegan a los afectados por impagos de nóminas
El centenar de vigilantes alcanzará en pocos días cinco pagas atrasadas pese a
que el Ayuntamiento abonó esa cantidad a la empresa hace diez días
La VozActualizado:22/02/2022 07:40h
El Ayuntamiento de Cádiz abonó el pasado 11 de febrero 116.000 euros a la
empresa Mersant Vigilancia SL. Esta firma, concesionaria para servicios de
seguridad en varias instituciones públicas, dejó
de abonar los salarios a sus trabajadores en la provincia, un centenar, el
pasado noviembre.
El pago municipal tenía como finalidad aliviar los problemas de tesorería de la
firma para que abonara parte de los impagos. Diez días después, el
colectivo Marea Negra, que agrupa y representa a estos afectados y a otros
profesionales del sector, denuncia que nada se sabe de las cantidades pendientes,
que el dinero pagado por el Ayuntamiento de Cádiz no ha servido para nada hasta
el momento. En pocos días, cuando expire febrero, los afectados sumarán hasta
cinco pagas pendientes entre mensualidades y extras.
Marea Negra denuncia igualmente que la comunicación con la empresa se ha
interrumpido de forma absoluta. Aunque ya la consideraban insuficiente desde que
comenzaron los impagos en diciembre, afirman sus portavoces que al menos existía
una especie de oficina de Mersant en Sevilla que ha sido desmantelada.Por lo
tanto, afirman, las reclamaciones no pueden dirigirse más que a las
instalaciones centrales, ubicada en Cataluña, desde la que nunca obtienen
respuesta. A través de diferentes protestas, concentraciones y movilizaciones,
los vigilantes de seguridad han transmitido reiteradamente durante los últimos
tres meses la situación que están padeciendo y que cada día se agrava más. El
centenar de trabajadores de Mersant Vigilancia SL en la provincia está sujeto a
los diferentes contratos de concesión suscritos entre la firma y
administraciones tanto locales y provinciales como autonómicas, tales como el
Ayuntamiento de Chiclana, el de Cádiz, la Diputación de Cádiz, el Parque Natural
de Los Toruños o varias sedes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Encuentro con el PP
La concejala del grupo municipal del PP, Maite González García-Negrotto, pidió
este lunes al equipo de Gobierno que articule con
carácter de urgencia una solución para los vigilantes de dependencias
municipales afectados por los impagos de
la empresa Mersant. Con varios de ellos se ha reunido la concejala popular. El
portavoz del Sindicato Profesional de Vigilantes pidió a todos los grupos de la
Corporación que aunaran esfuerzos para resolver el contrato y acortar los
plazos, evitando penalidades a los trabajadores que en unos días acumularán
cinco nóminas atrasadas.
La edil ha indicado al respecto que «hay
personas con bajas por depresión. Están en una situación límite y no pueden
prorrogar más este calvario».
Maite González ha lamentado que la actuación municipal se haya limitado al abono
de una cantidad (116.000 euros) sobre la que fue advertido el Gobierno Local que
no serviría para el pago de nóminas y no se haya acordado ya la resolución
inmediata del contrato como sí se está haciendo en diferentes dependencias de la
Junta de Andalucía, donde ya se están adoptando medidas como la imposición de
sanciones a la empresa Mersant por incumplimiento de las condiciones contrato.
Un sindicato de vigilantes pide a las
administraciones que rescindan sus contratos con Mersant
Protesta del
Sindicato Profesional de Vigilantes en el Parlamento de Andalucía. / M.
G.
REDACCIÓN15 Marzo,
2022 - 18:44h
El
Sindicato Profesional de Vigilantes de Sevilla pidió este martes a las
administraciones públicas que rescindan sus contratos con la empresa Mersant
Vigilancia, a la que acusan de continuos incumplimientos. En una nota de prensa,
la organización advirtió de las "funestas consecuencias de la inacción de los
responsables políticos al frente de las administraciones públicas, a la hora de
atajar con prontitud y contundencia las prácticas fraudulentas" de esta
compañía.
Los
vigilantes acusan a Mersant de vulnerar la legislación vigente con sus continuos
impagos, que están provocando serios perjuicios a los trabajadores de la
seguridad privada y sus familias. "A pesar de la enorme cantidad de acciones
sindicales desarrolladas, del ingente número de denuncias interpuestas ante
todos los organismos e instituciones concernidos y de la multitud de reuniones
mantenidas con los funcionarios de mayor rango o cargos políticos de máximo
nivel, no hemos logrado revertir ni un ápice la nefasta situación provocada",
dice el sindicato.
La
entidad apunta a la "intolerable permisividad de las administraciones públicas
en todos sus niveles, tanto el Gobierno como la Junta y el Ayuntamiento", con
esta empresa. "Para sus trabajadores, las consecuencias de la conculcación
constante de la normativa laboral más básica y de la reiterada transgresión de
los más elementales preceptos de la normativa reguladora de la contratación
pública son devastadoras".
"Para
el conjunto de la sociedad, el varapalo que supone para la credibilidad de las
instituciones y de sus representantes políticos es demoledor", añade el
sindicato, que asegura que seguirá en su empeño de erradicar del sector de la
seguridad privada a las "empresas fraudulentas".
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