MERSANT

M.D. es uno de los empleados de la compañía, que adeuda varias nóminas, investigada por la Policía Nacional por formar parte de un presunto fraude a la Seguridad Social de 6,5 millones de euros

Cuando M.D., un vigilante de seguridad de 56 años por aquel entonces, llevaba ya cuatro meses sin cobrar su nómina, sintió de madrugada unos calambres en el brazo y en la pierna izquierda. Estaba sufriendo un ictus. Rápidamente, llamó a una ambulancia, que lo trasladó a un hospital de la provincia de Cádiz, en el que estuvo dos semanas ingresado. “Afortunadamente, lo puedo contar, pero fueron meses de mucho estrés por no cobrar”, asegura M.D., uno de los 600 empleados de Mersant, una empresa que gestionó la seguridad de dependencias municipales de Cádiz o Chiclana, del parque metropolitano de Los Toruños en El Puerto —dependiente de la Junta de Andalucía— o de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde trabajaba este empleado.Al vigilante de seguridad, que lleva casi toda su vida dedicado a este sector, le dio mala espina que Mersant se hiciera con el servicio de vigilancia en las oficinas del SAE, que implantó servicio de seguridad coincidiendo con el inicio de la pandemia. Él, que trabaja en una de la provincia de Cádiz, se vio venir “los problemas”. Un par de meses después de hacerse con la adjudicación, empezaron los impagos. Hasta cuatro nóminas estuvo sin cobrar M.D., que se dio de baja por depresión, y sufrió un ictus “por el estrés acumulado”. En su casa, su salario era el único ingreso que entraba. Por eso, tuvieron que irse él y su mujer de la vivienda en la que se encontraban de alquiler, y desde mediados del año pasado conviven con sus suegros. “Con la pensión de mi suegro de 93 años estamos saliendo de esta”, apunta. Esta semana, el vigilante tiene cita médica para saber si le dan el alta y puede reincorporarse a su puesto de trabajo. Aunque con la incertidumbre de saber qué pasará con el contrato que ahora tiene Grupo Control —empresa que se hizo con la adjudicación de oficinas del SAE en la provincia de Cádiz—, porque la Junta ya ha empezado a recortar en seguridad en localidades sevillanas, después de iniciar este servicio con la pandemia.

M.D., como la mayoría de vigilantes que fueron subrogados por otras compañías de seguridad tras rescindir las Administraciones los contratos con Mersant, ha firmado un documento en el que exonera a la nueva empresa de asumir los salarios que no percibieron con la anterior. Un “mal menor” que han asumido para no perder sus empleos y volver a cobrar. Para recuperar lo adeudado por Mersant deberán esperar, en la mayoría de casos, a que se los abone el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).El de M.D. es uno de los casos de inmenso sufrimiento que provocaron los impagos de Mersant, una empresa de seguridad que se ha conocido recientemente que estaba inmersa en una presunta trama de blanqueo de capitales y fraude a la Seguridad Social. Más de 20 detenidos, en las provincias de Sevilla, Barcelona y Almería, pertenecientes a 80 sociedades, y 30 testaferros que hacían transferencias ficticias de dinero, es el recuento que hace la Policía Nacional de una operación que destapa un presunto fraude a la Seguridad Social de 6,5 millones de euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones.La investigación policial se inició a principios de 2022, cuando entidades como el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) puso en conocimiento de los agentes que Mersant tenía a 600 trabajadores sin cobrar desde finales del año anterior. Detrás de los impagos de nóminas estaban los supuestos intereses de uno de los líderes de la trama, que prestó un millón de euros a los propietarios de la empresa, que se iba cobrando con lo que le pagaban Administraciones a Mersant. “Ya lo veíamos venir, porque había ocurrido con distintas empresas”, apunta Antonio Montesinos, representante del Sindicato Profesional de Vigilantes, en conversación con lavozdelsur.es. “Lo sorprendente es que la Administración sea tan ineficaz a la hora de gestionar estos casos y se le vuelvan a adjudicar contratos una y otra vez a estas compañías”, señala.Mersant llegó a tener en torno a un centenar de empleados en la provincia de Cádiz, unos 600 en total, sin cobrar sus nóminas, en distintos servicios. Desde el parque de Los Toruños, a dependencias municipales de Chiclana o Cádiz, pasando por oficinas del SAE, el Instituto Social de la Marina (ISM) de la Casa del Mar —dependiente del Gobierno central— o centros de Diputación de Cádiz. Hasta oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que, para colmo, debía 1,2 millones de euros según recogía su propio listado de morosos pocos meses después de adjudicarle el servicio. “Un organismo público necesita, según la Ley de contratos públicos, al menos el impago de tres nóminas para cancelar un contrato”, explica Montesinos, quien lamenta que “la Administración engorda al moroso y el trabajador se queda sin cobrar”. A vigilantes que, como M.D., trabajaban en oficinas del SAE, llegaron a adeudarle hasta siete nóminas. Cuatro en su caso porque le dieron la baja por depresión.Además, los dueños de Mersant supuestamente actuaban como testaferros de uno de los líderes de la trama de blanqueo, que les prestó más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes.

“Parece que tener una empresa de seguridad privada para blanquear es rentable”, lamentan fuentes policiales, conocedoras del caso en cuestión, consultadas por la voz del sur .es. “La situación era sangrante, había muchos vigilantes sin cobrar durante meses, yendo a entidades sociales para poder comer”, agrega. Estas fuentes apuntan que “el convenio de seguridad privada no se respeta”, matizando que en las contrataciones públicas viene impuesto, aunque luego en la práctica hay todo tipo de situaciones de precariedad por las numerosas empresas “pirata” que hay en el sector. La investigación, llevada a cabo de forma conjunta por la Unidad Central de la Seguridad Privada en Madrid, el Grupo de Blanqueo de Sevilla y también la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Cádiz, de la Policía Nacional, ha terminado esta primera fase —con casi toda seguridad, continuará— con 23 detenciones y la incautación de 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, siete vehículos, tres pistolas —una de ellas detonadora—, una carabina de perdigones y armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales.En la operación, en la que han participado más de 100 agentes, también se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación. Se han bloqueado 169 cuentas bancarias, en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros.

Fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida son los delitos a los que se enfrentan los detenidos, acusados de blanquear beneficios obtenidos del tráfico de drogas. Entre 2016 y 2021 justificaron de manera ficticia movimientos entre cuentas por valor de 27 millones de euros.

Son 43 Vigilantes de Seguridad adscritos al Ayuntamiento de Cádiz, más 23 del Servicio Andaluz de Empleo SAE, más 5 del Centro del Madrugador, dependiente de Diputación de Cádiz, más 13 del TGSS y otros 5 compañeros más de distintas conserjerías dependientes de la Junta de Andalucía, Cada día que pasa la deuda de nuestros salarios sin cobrar aumenta y la asfixia económica en que sobrevivimos a duras penas, con ayudas de familias para poder comer o pagar lo extremamente necesario, van obligándonos a dejar impagos que ya no aguantan más, pues nadie es culpable de esta situación, salvo los que la generaron y que ahora miran para otro lado, mientras los concursos finalizan y formalizan contratos nuevos a la mayor brevedad, o las mismas deudas que sostienen con los trabajadores serán la causa de que estos queden desiertos por temor a tener que asumir las mismas al subrogar a los trabajadores afectados, que ha dia de hoy son aún 90 Vigilantes de Seguridad los que mantiene la desaparecida empresa de Mersant Vigilancia SL en la provincia de Cádiz.

Algunos trabajadores ya han tenido la suerte de ser subrogados por otras empresas, (Centro de los Toruños, Ayto de Chiclana, Transportes Generales de Comes, Catamarán del Puerto, Juzgados, Cementera de Arcos, Hacienda de la Junta en Jerez) aunque las empresas subrogadas sigan sin abonar lo adeudado por Mersant, y que será la justicia quien finalmente determine quien abona los meses de salarios adeudados.

Desde SPV volvemos a pedir nuevas reuniones con los responsables de estas contrataciones, para solicitar explicaciones de tantas demoras, estos últimos ya les han cancelado los contratos, por qué los otros no, pues MERSANT está muerta y por desgracia, sus trabajadores abandonados por las administraciones, que incapaces de solucionar el problema, les están dejando morir en una agonía que está acabando con la salud de todos ellos y con sus vidas.

Estamos en la era de la digitalización, y queremos cambiar el mundo desde un ordenador, publicando en facebook o instagram, creando movilizaciones virtuales y organizaciones sindicales que contactan por email o moviles, pero que no se les ve por ningún sitio, salvo en rr.ss. donde se mueven como pez en el agua, Y AÚN siendo bueno como medio de comunicación, pierde su fuerza y esencia si es incapaz de salir a la calle a gritar su denuncia.

El empresario TEME VERTE A las puertas de su EMPRESA, PUES PIERDE ESA IMAGEN QUE TANTO CUIDA ANTE SUS VECINOS, PERO QUE DESPUES OCULTA AVERGONZADO COMO TODO MALTRATADOR. HAZTE VISIBLE, HAZTE REAL.

SPV mantiene y propone un sindicalismo tradicional, de concentraciones de apoyo, de unidad de los trabajadores, de protesta denunciando las injusticias y lo hace con la cabeza alta, sin complejos, recuperando el orgullo de ser trabajador y haciéndose visible, pues los poderes que nos dirigen nos prefieren virtuales, no te dejes engañar y seducir por la comodidad del sofá, pues te hace débil, que es lo que les interesa a las empresas y administraciones.

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz denuncia que la empresa de seguridad privada 'Mersant Vigilancia S.L.' sostiene importantes deudas

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz, como organización sindical mayoritaria en la provincia de Cádiz y en nombre y representación del 'Colectivo de Seguridad Privada', denuncia que la empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia S.L., sostiene importantes deudas y retrasos en el abono de los salarios de la plantilla de vigilantes de seguridad que presta sus servicios de vigilancia y protección en las dependencias municipales dependientes del Ayuntamiento de Cádiz.

En el comunicado, denuncian que se generan "graves consecuencias económicas para la plantilla y familias de los trabajadores" y añaden que "los compromisos adquiridos y firmados son con el Ayuntamiento de Cádiz, cuya responsabilidad subsidiaria es en última instancia suya como empresa principal que genera la actividad, asegurando que se está al corriente con las obligaciones de pago en el salario de los trabajadores y de las cotizaciones en la seguridad social derivadas de la prestación".

Solicitan, por tanto, que se tomen las medidas necesarias conducentes a poner fin y erradicar esta conducta de piratería empresarial, que ocasiona graves perjuicios a los trabajadores afectados, en fechas tan señaladas, y si

fuese necesario, se proceda a la cancelación de los servicios contratados con la mercantil, sacando nuevamente a concurso público dicha licitación de los servicios de seguridad y vigilancia de las dependencias municipales.

En estos últimos años se ha provocado el cierre por quiebra y concurso de empresas que dejan cantidades de deuda con sus trabajadores, como Segur Ibérica (22,5 millones de euros), Ombuds Seguridad (casi 40 millones de euros), LPM (19 millones) o EME (12 millones), entre otras. Todo ellos, siendo sus principales clientes las administraciones del estado, como ministerios, CC.AA o ayuntamientos. "Es sencillamente inaceptable que quienes debieran velar por el cumplimiento de las leyes y normas, sean los responsables por falta de vigilancia y control de estos “agujeros negros” ocasionados en los bolsillos del contribuyente, pues como trabajadores dejan de percibir sus salarios y cotizaciones y como ciudadanos deben pagar después las fechorías de empresarios piratas, que de forma alarmante han anidado en el nicho de la seguridad privada".

La empresa encargada de vigilar los edificios «atraviesa un momento delicado» y adeuda dos pagas a unos 70 trabajadores municipales

Los sindicatos ya advirtieron de que el pliego no cubría los mínimos salariales

El Ayuntamiento de Cádiz tiene abierto un nuevo frente por el impago de las nóminas desde hace unas semanas. Al igual que ocurrió con las limpiadoras municipales, la empresa concesionaria de los servicios de vigilancia y seguridad, Mersant, aún no ha abonado a sus empleados la paga extra de diciembre ni la última nómina, según denuncian los propios empleados.

La empresa asegura que «está atravesando por un momento delicado» y que trabaja por «resolver la situación y encauzarla en la mayor brevedad».

En un comunicado interno, ha pedido «paciencia y comprensión» a los trabajadores y les ha trasladado que esperan solucionarlo «en un corto periodo de tiempo».

El alcalde, José María González ‘Kichi’, y el edil de Empleo, Carlos Paradas, mantuvieron una reunión con los representantes sindicales hace unos días tras conocer la situación. Aseguran que el equipo de Gobierno está «empleando todas las medidas legales para que se regularice la situación de los trabajadores».

En primer lugar, se ha enviado un requerimiento por escrito a la empresa adjudicataria, aunque el Ayuntamiento contempla todas las opciones para solucionar el problema. Los empleados reclaman que se rescinda el contrato y el equipo de Gobierno asegura que «actuará según la situación lo requiera, como ya hiciera en otras situaciones similares como en el caso de los limpiadores municipales en el que retuvieron el pago a la empresa para poder pagar las nóminas».

El sindicato SPV recuerda que el Ayuntamiento tiene responsabilidad subsidiaria y pide que se adjudique el contrato a otra empresa

El Sindicato Profesional de Vigilantes recuerda que el equipo de Gobierno tiene «responsabilidad subsidiaria» y pide que se adjudique el contrato a otra empresa «que respete los derechos de sus vigilantes». En un comunicado conjunto, han reclamado que tanto los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana como la Junta y demás contratistas agilicen el cobro de salarios de los trabajadores afectados.

Los trabajadores municipales ya advirtieron hace dos años, cuando se adjudicó el nuevo contrato, de que Mersant había tenido problemas similares con otras administraciones y mostraron su preocupación por las condiciones ofrecidas en el nuevo pliego municipal. UGT presentó alegaciones para volver a sacar un concurso que «no cubre los mínimos salariales» y «vulnera la Ley de Contratación pública». El problema, argumentaron desde el sindicato, estaba en que la oferta del Ayuntamiento gaditano «no se cumplen las condiciones mínimas necesarias para aplicar el Convenio Nacional de Seguridad Privada» y «no se contempla en el mismo desglose económico alguno de conceptos tan básicos como la antigüedad de los trabajadores, complementos salariales como el nocturno o festividades». El máximo ofrecido por el Ayuntamiento era de 5,8 millones por dos años con la cobertura de las dependencias municipales y eventos y actividades organizadas. Un precio que, en base a esa carga de trabajo durante ese periodo, «no cubre los salarios de los trabajadores», según UGT. Las empresas «serias» del sector que hasta ahora prestaban sus servicios, como Securitas, no presentaron candidatura. El contrato con Mersant acabaría este verano.

El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) ha convocado para el próximo lunes una concentración, entre las 11 de la mañana y la una de la tarde a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz “en apoyo de los compañeros a los que se les adeuda salarios por parte de la empresa Mersant Vigilancia SL”, según una nota hecha pública a través de las redes sociales. Cabe recordar que esta problemática afecta a los vigilantes de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cádiz.

Igualmente “convocamos la asistencia a las reuniones de pleno del Ayuntamiento de todos los vigilantes que realizan su servicio en las dependencias municipales, mientras dicha empresa sostenga deudas con los trabajadores o permanezca contratada por este Ayuntamiento”, según reza en la citada convocatoria.

A este respecto, la portavoz municipal del PSOE, Mara Rodríguez, lamenta que, una vez más, el Ayuntamiento de Cádiz “mire hacia otro lado al ser conocedor del maltrato que sufren muchos empleados de empresas adjudicatarias de diversos servicios municipales y no haga nada al respecto”. “Ya hemos denunciado esta situación, por ejemplo, con los trabajadores de Ayuda a Domicilio, y ahora son los trabajadores de la empresa encargada de la vigilancia de las dependencias municipales quienes denuncian la vulneración de sus derechos, con impagos de salarios y de la paga extra de Navidad”, ha detallado Rodríguez.

“El Ayuntamiento no puede mirar a otro lado mientras las empresas adjudicatarias incumplen el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, advierte la portavoz, quien exige al alcalde “que fiscalice el contrato y exija a la empresa privada Mersant que cumpla con sus obligaciones”.

Cabe recordar que Mersant Vigilancia SL obtuvo en mayo de 2020, a través de un procedimiento público de contratación el servicio de vigilancia y seguridad en distintas dependencias municipales por 5.818.125 euros (IVA excluido) por dos años, prorrogable a otros dos años más. “Si de verdad queremos ser garantes de una contratación pública responsable, no se deben permitir este tipo de actuaciones de empresas concesionarias”, afirma Mara Rodríguez, quien ha incidido que parte de estos problemas provienen de que el Ayuntamiento no trabaja con la figura del responsable de contrato, cuyo objetivo es reforzar el control del cumplimiento del pliego y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante la ejecución del contrato.

De hecho, esta iniciativa socialista para incluir la figura del responsable de contrato fue aprobada en el Pleno municipal en octubre de 2020, “pero el equipo de gobierno no lo está haciendo, a pesar de que, si llevasen a cabo su implantación, los servicios externalizados desde el Ayuntamiento serían más eficaces y los trabajadores tendrían más seguridad laboral”, ha aseverado la portavoz.

Los vigilantes de seguridad contratados por Mersant Vigilancia S.L. han reclamado, desde las 11:00 horas de este domingo a las puertas de la Casa de los Toruños, sus salarios atrasados.

En estos momentos, la empresa dedicada a la seguridad privada les adeudaría el correspondiente al mes de diciembre, así como la paga extra que pertenece también al mismo periodo y que coincide con Navidad.

La concentración, la cual ha sido convocada por el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) en apoyo a los mismos, ha coincidido con la celebración de una nueva edición del Ecomercado de la Red Agroecológica de Cádiz (RAC).

De esta manera, todas las personas que se han acercado hasta las inmediaciones de ésta, ubicada en la avenida del Mar de El Puerto, han podido conocer esta situación que afecta a casi un centenar de trabajadores.

A través de diferentes pancartas y escritos, los vigilantes de seguridad han podido transmitir a los asistentes la situación que están padeciendo desde hace meses y que cada día se agrava más.

De esta manera, durante la manifestación se dio a conocer que esta circunstancia no solamente afecta a los once trabajadores que prestan sus servicios al Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, sino a casi cien.

Así, Mersant Vigilancia S.L. tiene suscritos diferentes contratos con administraciones tanto locales, provinciales como autonómicas, tales como el Ayuntamiento de Chiclana, la Diputación de Cádiz o varias sedes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Antonio Montesinos, en representación del Sindicato SPV, ha explicado a LA VOZ que «la situación, para algunos, ya es insostenible», añadiendo que «con el salario que tenemos no van a aguantar mucho».

Además, quiso aclarar que «la empresa ya ha hecho un primer pago y ha refinanciado la deuda de la Seguridad Social, lo que le ha ocasionado tener la caja vacía y no poder pagar las nóminas».

En estos momentos la empresa dedicada a la seguridad privada, que cuenta con una plantilla de más de mil trabajadores en España, adeudaría alrededor de 3.000 euros brutos a cada uno de los casi cien de la provincia de Cádiz.

Más de un centenar de personas, entre los que se encontraban los propios vigilantes de seguridad afectados así como asociaciones como Marea Negra y representantes políticos, han portado diversas pancartas a las puertas de la Casa de los Toruños.

«¡Mersant. Paga lo que debes y vete ya!» o «¡Dignidad y unión!» han sido solo algunos los eslóganes que se han podido leer en las pancartas portadas, las cuales han ido acompañadas por vítores y vuvuzelas.

Además, en las paredes de esta ubicación se han pegado diversas hojas en las que se explicaban los motivos de esta manifestación, apareciendo frases como «No cobramos y la Junta lo permite» o «Paga tarde y mal».

En los mismos también se encuentran algunas de las reclamaciones que realizan y que se identifican con cuestiones como que «no cumple con el convenio colectivo», «no cumple con las mejoras prometidas» o «no cumple con las bases del concurso».

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos se vivió cuando uno de los trabajadores afectados tomó la palabra para explicar que «no podemos aguantar esta situación. Estamos al límite».

Alejandro Gutiérrez, edil del Grupo de Adelante El Puerto y diputado provincial por Adelante Cádiz, se comprometió durante la concentración a elevar esta situación tanto a la Diputación de Cádiz como al Parlamento de Andalucía.

A pesar de que quedan escasos días para que se celebre la Sesión Ordinaria de la Diputación, si no se puede dar a conocer esta circunstancia mediante una moción se llevará a cabo a través de un ruego o de una pregunta.

Además, también va a trabajar para que a través del Grupo parlamentario de Adelante Andalucía se haga lo propio pero en el Parlamento de Andalucía, dado que en Andalucía tiene unos 500 vigilantes de seguridad.

Según se ha dado a conocer, los vigilantes de seguridad remitieron hace unos días una carta a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, debido a que ésta es la que se encarga de la contratación de Mersant Vigilancia S.L.

Hay que recordar que el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida depende de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la cual está presidida por Marifrán Carazo.

En ésta se explica que esta situación «nos ha llevado a cientos de familias a pasar y a estar en una dramática situación económica y si usted no hace algo para solucionarlo nos llevará en un futuro no lejano a soportar situaciones tristes y lamentables».

Así, ésta continúa afirmando que «los ciudadanos estamos ya hartos y pedimos soluciones. No es honrado ni honesto ahorrar contratando a empresas piratas que después no pagan los salarios a sus trabajadores».

De esta manera, la misma finaliza exigiendo «soluciones y que dejen de mirar para otro lado, sois los causantes de nuestros problemas y responsables subsidiarios de nuestra situación».

A pesar de la delicada situación que se encuentran padeciendo los vigilantes de seguridad de Mersant Vigilancia S.L., éstos se encuentran unidos para luchar por el bien de todos los trabajadores.

Una paradoja. Trabajadores de la empresa Mersant Vigilancia S.L., especializada en servicios de vigilancia, han alertado de que dicha compañía, que desarrolla su labor en edificios donde se encuentran entidades públicas, acumula “enormes deudas” y no se encuentra al corriente en el pago de las nóminas a sus empleados. Así lo ha manifestado el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV), que ha exigido a las administraciones públicas que pongan especial cuidado a la hora de adjudicar estos contratos, pues no es la primera vez que recaen sobre sociedades que, además de no pagar a sus plantillas, “tampoco lo hacen con Hacienda ni con la Seguridad Social”.

Según el referido sindicato, Mersant Vigilancia presta sus servicios en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el Servicio Andaluz de Empleo y en las dependencias del Ayuntamiento de Sevilla. Su plantilla la conforma personal subrogado por convenios colectivos del sector.

“Las ingentes deudas con Hacienda y la Seguridad Social de esta empresa, gestionada de forma subrepticia por los mismos que en su día hundieron Kappa Vigilancia, han llevado a una situación límite a sus empleados, que han de seguir acudiendo a trabajar sin haber cobrado aún la nómina de diciembre. Se les adeuda todavía parte de la paga extra y muchas horas extraordinarias”, denuncia el sindicato en un comunicado.

Los representantes de los trabajadores abundan en que la situación con la Seguridad Social es aún “más acuciante”, ya que el próximo junio tendría que entrar otra empresa a prestar sus servicios de vigilancia, al cumplirse los dos años de licitación. “La adjudicación ha quedado desierta, porque ninguna empresa quiere hacerse cargo de este contrato, pues tendría que asumir subsidiariamente las deudas contraídas por la actual concesionaria”, asegura el sindicato.

A este respecto, en una resolución de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla, firmada el pasado 10 de enero y a la que ha tenido acceso este periódico, se declaraba desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de vigilancia, ya que la única empresa que había presentado oferta era Mersant Vigilancia, pero dicha licitación no se admitió al comprobarse que la compañía no se encontraba al corriente “en sus obligaciones con la Seguridad Social”.

Sin embargo, trabajadores de Mersant Vigilancia aseguran que finalmente, tras subsanar esa deuda con el ente público, se ha llegado a un acuerdo para que la compañía continúe prestando el servicio de vigilancia, pese a que, según estos empleados, aún no se ha puesto al corriente con ellos en el pago de los salarios.

Por tal motivo, piden a las administraciones públicas que tengan en cuenta en la adjudicación de los contratos que las empresas cumplan los convenios colectivos, que acaban afectando al personal subrogado.

Conflicto abierto entre la empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia, que trabaja para Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Sevilla y Cádiz, entre otros, y sus empleados debido al impago de nóminas y al retraso de las resoluciones de las denuncias. Los sindicatos del sector exigen a las administraciones públicas que tomen cartas en el asunto

La empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia SL es la responsable tanto de la custodia de multitud de instalaciones públicas dependientes de la coche mersant

Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de

Sevilla como de garantizar la seguridad de los funcionarios y del resto de empleados que allí trabajan o de las personas y usuarios que acuden a ellas.

Pues bien, los trabajadores vienen padeciendo una situación insostenible «derivada de los frecuentes impagos de sus sueldos desde hace ya más de un semestre» y, sobre todo, como consecuencia del «retraso insoportable de las resoluciones definitivas a la infinidad de denuncias cursadas al respecto», según denuncian las fuerzas sindicales de este sector.

Así las cosas, los sindicatos profesionales del sector de la seguridad privada en Sevilla -Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) de Sevilla, Unión Sindical Obrera (USO), Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A), Movimiento Asambleario de Seguridad (MAS) y el Sindicato Solidaridad- han advertido, mediante notificación conjunta suscrita por sus máximos representantes y remitida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas responsables de la licitación de los contratos que están siendo conculcados, que «deben actuar ipso facto y conminar a la empresa fraudulenta a que salde la deuda con los vigilantes de seguridad y que restablezca la regularidad del abono de sus nóminas de inmediato».

Hay 200 afectados en Sevilla y 100 en Cádiz, a los que todavía no se les ha pagado la nómina de diciembre ni la paga extra de Navidad. Y es que Mersant da servicio a multitud de entidades públicas: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Cádiz, Casa Museo Blas Infante, Museo de Bellas Artes de Sevilla, Parque Natural Los Toruños… En instituciones de Galicia, Mersant también comete irregularidades en el pago a sus trabajadores.

«Llevan dos o tres días pagando a cuentagotas, pero todavía hay más gente sin cobrar que cobrando», señala Sonia Domínguez, portavoz de SPV en Sevilla.

Mersant ha salido en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda de 2021, con fecha de 27 de diciembre, con una deuda de más de 1.200.000 euros. «Ha aplazado la deuda y solo ha pagado una parte y, con eso, Hacienda certifica que está al día en el pago con un documento oficial, que es el que presenta Mersant en la Junta y en el resto de instituciones para las que trabaja«, dijo Domínguez.

Los sindicatos de este sector se han unido por primera vez para luchar por los derechos de estos trabajadores y habrá movilizaciones si no se actualizan los pagos.

La Ley Concursal del Sector Público dice que la empresa que entra a dar un servicio público en una administración tiene que asumir la deuda de la anterior. Entonces, a las empresas de seguridad privada no les interesa concursar en licitaciones en las que se adeuda dinero a los trabajadores, por lo que el concurso público para renovar el contrato en la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla se ha declarado desierto. Mersant ha sido la única que se ha presentado, pero la TGSS le ha quitado el contrato por su deuda acumulada (el vigente acaba en junio de 2022).

«Mersant se está lucrando, porque la Administración le está pagando, pero la empresa no hace lo propio con sus trabajadores», concluye Domínguez.

«A la espera de que se resuelvan las múltiples denuncias interpuestas ante los diferentes organismos y autoridades competentes contra la empresa Mersant Vigilancia SL -como consecuencia del impago reiterado de los salarios a los vigilantes de seguridad adscritos en los servicios que explota y de los que, incomprensiblemente, sigue beneficiándose– y tras haber informado detalladamente a los responsables de las administraciones públicas encargadas de la adjudicación de los contratos que, con tanta impunidad y desvergüenza, la susodicha empresa continúa vulnerando inmisericordemente, los sindicatos profesionales de la seguridad privada (representantes de la mayoría de los trabajadores del sector) han decidido aunar esfuerzos y organizar conjuntamente las acciones que sean necesarias para que, de una maldita vez, esta empresa incumplidora pague las nóminas adeudadas a sus empleados o para que la obliguen a hacerlo«, reza en el comunicado.

Exigen “valentía” a las instituciones gaditanas que tienen contratada a la empresa “pirata” Mersant para “pagar directamente a los vigilantes”

El Sindicato Profesional de Vigilantes ha instado a los diferentes organismos públicos con contratos en vigor con la empresa Mersant, que ha dejado de abonar las nóminas a sus plantillas en diferentes servicios (como en los ayuntamientos de la capital gaditana y de Chiclana) a “asumir con valentía y pagar directamente a sus vigilantes, aunque les denuncien”. Se lamenta que “contratar barato, y a una empresa pirata, resulta al final caro”. En la provincia hay un centenar de vigilantes afectados.

El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) entiende que “a quien no respeta la ley no hay por qué respetarle nada” y por ello insta a los diferentes organismos públicos con contratos en vigor con la empresa Mersant Vigilancia (y otras como Seproalert), que ha dejado de abonar las nóminas a sus plantillas en diferentes servicios en la provincia de Cádiz (y en otros puntos del país) a “asumir con valentía y pagar directamente a sus vigilantes, aunque les denuncien”.

“Si la justicia es lenta para nuestras demandas, también será lenta para los piratas; cuando hayan desaparecido ya no podrán exigir el pago de sus facturas pendientes de cobro. Estamos hasta ahí de mentiras, dilaciones y engaños”, subraya indignado este sindicato en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.

Precisamente con motivo de exigir el pago de los salarios adeudados y las cancelaciones de los contratos, el SPV está organizando para el 7 de febrero una concentración a las puertas del Parlamento andaluz, “donde registraremos nuestras pretensiones”. Saldrán autobuses a disposición de este personal afectado (un centenar en la provincia gaditana) y sus familiares desde Jerez.

Actualmente, los trabajadores de Mersant viven una situación “desesperada y sobre todo, sin esperanzas de solución”. Dicha empresa de vigilancia dejó de abonar las nóminas en diciembre. Trabaja en la provincia en diferentes dependencias públicas, entre otros para los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana (que ya han anunciado que, como es lógico, no prorrogarán el contrato con esta firma una vez que finalice el mismo –en la capital hay unos 70 afectados, y en Chiclana 13-), distintas consejerías, dependencias y organismos de la Junta de Andalucía, algunos juzgados, o el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

“Hay centros y trabajadores pasándolo realmente mal porque -subraya este sindicato- unos empresarios piratas decidieron quedarse con el dinero de sus trabajadores para enriquecerse ellos y así llevar un tren de vida a costa de nosotros, mientras que quienes les contratan ahora miran para otro lado y carecen de la valentía necesaria de cancelarles de inmediato los contratos, alegando que hay que cumplir las fechas de terminación”.

“Cuando una empresa empieza a dejar dinero a deber a sus trabajadores y no abona las nóminas, todos empezamos a ponernos nerviosos, los primeros sus empleados, que ven como la presión empieza a caerles encima y a quitarles el sueño”, evidencian desde el SPV.

E incide en que al final no sólo afecta a estos empleados y sus familiares, “sino también a los clientes, que en estas circunstancias empiezan a tomar constancia de las consecuencias de haber contratado a una empresa pirata”.

“Ahora sale a luz y da la cara, contratar barato resulta al final caro, y además cuando culpan a la empresa contratada (nosotros pagamos dicen ellos) ya no les creemos por algo muy sencillo: se les advirtió, se le dijo en ésta y en la anterior empresa Kappa Seguridad, que también presentó quiebra y dejó en manos del Fondo de Garantía Salarial a los trabajadores”, se sentencia.

El sindicato profesional de vigilantes ha convocado una manifestación a las puertas del Parlamento de Andalucía el próximo lunes 7 de febrero y pondrá autobuses a disposición de los vigilantes y sus familiares desde Jerez. «Hacemos un llamamiento solidario de apoyo a estos trabajadores de la seguridad privada, para que la asistencia sea masiva», han trasladado en un comunicado.

Según argumentan, «contratar barato sale caro». El secretario del SPV, Antonio Montesinos Ruiz, lo explica así: «Hace unos años poder trabajar prestando servicios en algún organismo oficial era un inmensa suerte. Se contrataban empresas serias y no se conculcaban los derechos básicos de los trabajadores, pues de alguna forma, dichos organismos eran los garantes del bienestar y cumplimiento no solo de sus funcionarios, sino también de las contratas que les prestaban sus servicios: empresas de seguridad, limpieza, mantenimientos, jardinería, etc. Con el paso del tiempo, se modificó la Ley de Contrataciones Públicas y comenzaron a aparecer empresas que ofertando los concursos públicos a la baja obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la propia redacción del pliego de condiciones premia y puntúa sobre manera la oferta económica más barata. Hoy casi todas las administraciones y organismos públicos contratan lo más barato, lo que genera más problemas a los trabajadores de las contratas. Es una pena, que mientras esto sucede, en el sentido inverso, muchos de los políticos de turno se procuran buenos salarios y no dudan en obtener incluso un pluriempleo en distintas de estas administraciones, cobrando lucrativos salarios en ambos, puertas giratorias y todo tipo de desvergüenzas. Podrían pensar un poco más en los ciudadanos y facilitarles sus derechos básicos, quizás reformando leyes a todas luces injustas».

La protesta de los vigilantes de seguridad a las puertas del Parlamento de Andalucía. / M. G.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha concentrado este lunes a las puertas del Parlamento de Andalucía para exigir a las administraciones que intervengan ante Mersant Vigilancia y consigan que esta empresa abone la deuda que mantiene desde hace meses con su plantilla de trabajadores, la mayoría de los cuales opera en Sevilla. Según el Área de Seguridad Privada de CSIF-A, en toda España hay afectados unos 750 empleados y 300 de ellos están en Sevilla.

CSIF y el resto de organizaciones participantes en la protesta, a la que han asistido unas 300 personas, han reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento que “no miren para otro lado mientras una empresa contratada con dinero público incumple el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, de ahí que hayan exigido el cumplimiento estricto del convenio o la “anulación inmediata” de todas las adjudicaciones que tiene la empresa. También han lamentado la “dramática situación de muchos trabajadores que no tienen dinero para mantener a sus familias”, según ha recalcado Felipe Caro, responsable de Seguridad Privada de CSIF Sevilla.

Mersant debe las nóminas de diciembre y enero, así como la paga extra de Navidad en el caso de decenas de profesionales. La empresa, que es andaluza, trabaja para el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Entre otras instalaciones, su personal custodia el Museo de Bellas Artes, oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), juzgados, el parque de Arte Sacro, la Fábrica de Artillería, las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, varios centros de servicios sociales, centros cívicos y colegios públicos.

Según CSIF, los trabajadores sufren una situación “extrema e insostenible” no sólo por el impago de sus salarios, sino también por “el retraso en las resoluciones sobre la infinidad de denuncias cursadas contra la empresa”. En este sentido, los seis sindicatos profesionales del sector ya firmaron una notificación conjunta dirigida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas para “que actuasen ipso facto y conminasen a la empresa fraudulenta a saldar su deuda con los vigilantes de seguridad y restablecer de inmediato la regularidad en el abono de sus nóminas”.

Los representantes de los trabajadores también exigen un cambio en el sistema de licitación pública para que no se adjudiquen a la baja, lo que antiguamente se llamaban “bajas temerarias”, ni primen el capítulo económico. “Con este sistema, que premia la oferta más barata, no entran empresas solventes, lo que inevitablemente genera impagos. La prioridad debería centrarse en la solvencia de la empresa y el estudio y la técnica”, ha reclamado Caro.

El centenar de vigilantes alcanzará en pocos días cinco pagas atrasadas pese a que el Ayuntamiento abonó esa cantidad a la empresa hace diez días

El Ayuntamiento de Cádiz abonó el pasado 11 de febrero 116.000 euros a la empresa Mersant Vigilancia SL. Esta firma, concesionaria para servicios de seguridad en varias instituciones públicas, dejó de abonar los salarios a sus trabajadores en la provincia, un centenar, el pasado noviembre.

El pago municipal tenía como finalidad aliviar los problemas de tesorería de la firma para que abonara parte de los impagos. Diez días después, el colectivo Marea Negra, que agrupa y representa a estos afectados y a otros profesionales del sector, denuncia que nada se sabe de las cantidades pendientes, que el dinero pagado por el Ayuntamiento de Cádiz no ha servido para nada hasta el momento. En pocos días, cuando expire febrero, los afectados sumarán hasta cinco pagas pendientes entre mensualidades y extras.

Marea Negra denuncia igualmente que la comunicación con la empresa se ha interrumpido de forma absoluta. Aunque ya la consideraban insuficiente desde que comenzaron los impagos en diciembre, afirman sus portavoces que al menos existía una especie de oficina de Mersant en Sevilla que ha sido desmantelada.Por lo tanto, afirman, las reclamaciones no pueden dirigirse más que a las instalaciones centrales, ubicada en Cataluña, desde la que nunca obtienen respuesta. A través de diferentes protestas, concentraciones y movilizaciones, los vigilantes de seguridad han transmitido reiteradamente durante los últimos tres meses la situación que están padeciendo y que cada día se agrava más.

El centenar de trabajadores de Mersant Vigilancia SL en la provincia está sujeto a los diferentes contratos de concesión suscritos entre la firma y administraciones tanto locales y provinciales como autonómicas, tales como el Ayuntamiento de Chiclana, el de Cádiz, la Diputación de Cádiz, el Parque Natural de Los Toruños o varias sedes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La concejala del grupo municipal del PP, Maite González García-Negrotto, pidió este lunes al equipo de Gobierno que articule con carácter de urgencia una solución para los vigilantes de dependencias municipales afectados por los impagos de la empresa Mersant. Con varios de ellos se ha reunido la concejala popular. El portavoz del Sindicato Profesional de Vigilantes pidió a todos los grupos de la Corporación que aunaran esfuerzos para resolver el contrato y acortar los plazos, evitando penalidades a los trabajadores que en unos días acumularán cinco nóminas atrasadas.

La edil ha indicado al respecto que «hay personas con bajas por depresión. Están en una situación límite y no pueden prorrogar más este calvario». Maite González ha lamentado que la actuación municipal se haya limitado al abono de una cantidad (116.000 euros) sobre la que fue advertido el Gobierno Local que no serviría para el pago de nóminas y no se haya acordado ya la resolución inmediata del contrato como sí se está haciendo en diferentes dependencias de la Junta de Andalucía, donde ya se están adoptando medidas como la imposición de sanciones a la empresa Mersant por incumplimiento de las condiciones contrato.

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Sevilla pidió este martes a las administraciones públicas que rescindan sus contratos con la empresa Mersant Vigilancia, a la que acusan de continuos incumplimientos. En una nota de prensa, la organización advirtió de las "funestas consecuencias de la inacción de los responsables políticos al frente de las administraciones públicas, a la hora de atajar con prontitud y contundencia las prácticas fraudulentas" de esta compañía.

Los vigilantes acusan a Mersant de vulnerar la legislación vigente con sus continuos impagos, que están provocando serios perjuicios a los trabajadores de la seguridad privada y sus familias. "A pesar de la enorme cantidad de acciones sindicales desarrolladas, del ingente número de denuncias interpuestas ante todos los organismos e instituciones concernidos y de la multitud de reuniones mantenidas con los funcionarios de mayor rango o cargos políticos de máximo nivel, no hemos logrado revertir ni un ápice la nefasta situación provocada", dice el sindicato.

La entidad apunta a la "intolerable permisividad de las administraciones públicas en todos sus niveles, tanto el Gobierno como la Junta y el Ayuntamiento", con esta empresa. "Para sus trabajadores, las consecuencias de la conculcación constante de la normativa laboral más básica y de la reiterada transgresión de los más elementales preceptos de la normativa reguladora de la contratación pública son devastadoras".

"Para el conjunto de la sociedad, el varapalo que supone para la credibilidad de las instituciones y de sus representantes políticos es demoledor", añade el sindicato, que asegura que seguirá en su empeño de erradicar del sector de la seguridad privada a las "empresas fraudulentas".

"Exigimos a los poderes e instituciones que las expulsen definitivamente del sector público y eviten que sigan aprovechándose y enriqueciéndose a costa de los impuestos de todos. Consideramos esencial que, para garantizar la igualdad de oportunidades en el libre desarrollo de la actividad económica en condiciones justas, las autoridades han de asumir y acatar su obligación primordial: cumplir, y sobre todo, hacer cumplir la ley", concluye el Sindicato Profesional de Vigilantes.

Todas las actividades programas en el Parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida han quedado “suspendidas temporalmente”, hasta nuevo aviso. Así lo ha comunicado el propio Parque a los muchas asociaciones y colectivos que allí realizan visitas, talleres o rutas.

También quedan “aplazadas” las previstas bajo la organización del Parque Metropolitano para este fin de semana, como el Mercado Artesano y Agroalimentario y el Mercadillo de Intercambio de Libros.

El motivo es la falta de vigilantes de seguridad del parque, que acumulan meses de continuos problemas por los impagos de la empresa concesionaria del servicio, Mersant Vigilancia SL. Los trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar su sueldo. La última nómina que recibieron fue la del mes de noviembre, y desde entonces no han cobrado nada. Tampoco la paga extra de diciembre.

Por eso, la situación de la plantilla de trabajadores, compuesta por diez hombres y mujeres, es cada vez más insostenible. Eso ha provocado que aumente significativamente el número de bajas médicas, hasta el punto de que no es posible cubrir las necesidades del Parque.

Aunque el parque continúa abierto, ya que se trata de un espacio físicamente imposible de cerrar, todas las actividades se han suspendido ya que la falta de vigilantes puede comprometer la seguridad de muchas de ellas.

A principios de enero, los vigilantes del Parque enviaron un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicándoles su situación y realizaron concentraciones de protesta en el parque, pero, por el momento, no hay solución para los trabajadores de una empresa que mantiene una situación idéntica en trabajadores del servicio de vigilancia en administraciones públicas de toda España.

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Sevilla pidió este martes a las administraciones públicas que rescindan sus contratos con la empresa Mersant Vigilancia, a la que acusan de continuos incumplimientos. En una nota de prensa, la organización advirtió de las "funestas consecuencias de la inacción de los responsables políticos al frente de las administraciones públicas, a la hora de atajar con prontitud y contundencia las prácticas fraudulentas" de esta compañía.

Los vigilantes acusan a Mersant de vulnerar la legislación vigente con sus continuos impagos, que están provocando serios perjuicios a los trabajadores de la seguridad privada y sus familias. "A pesar de la enorme cantidad de acciones sindicales desarrolladas, del ingente número de denuncias interpuestas ante todos los organismos e instituciones concernidos y de la multitud de reuniones mantenidas con los funcionarios de mayor rango o cargos políticos de máximo nivel, no hemos logrado revertir ni un ápice la nefasta situación provocada", dice el sindicato.

La entidad apunta a la "intolerable permisividad de las administraciones públicas en todos sus niveles”, señalando al Gobierno de la Junta. "Para sus trabajadores, las consecuencias de la conculcación constante de la normativa laboral más básica y de la reiterada transgresión de los más elementales preceptos de la normativa reguladora de la contratación pública son devastadoras".

"Para el conjunto de la sociedad, el varapalo que supone para la credibilidad de las instituciones y de sus representantes políticos es demoledor", añade el sindicato, que asegura que seguirá en su empeño de erradicar del sector de la seguridad privada a las "empresas fraudulentas".

"Exigimos a los poderes e instituciones que las expulsen definitivamente del sector público y eviten que sigan aprovechándose y enriqueciéndose a costa de los impuestos de todos. Consideramos esencial que, para garantizar la igualdad de oportunidades en el libre desarrollo de la actividad económica en condiciones justas, las autoridades han de asumir y acatar su obligación primordial: cumplir, y sobre todo, hacer cumplir la ley", concluye el Sindicato Profesional de Vigilantes.

El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) desarrolló este lunes una primera jornada de protesta contra los impagos a sus trabajadores de la empresa de seguridad Mersant, que tiene a su cargo el control del edificio de la Junta de Andalucía de la Alameda de Cristina desde el pasado mes de junio.

Según el portavoz del SPV, Miguel Ángel Cruz, los dos vigilantes de seguridad que atienden este servicio no perciben sus salarios desde el pasado mes de diciembre, por lo que acumulan ya 81 días sin cobrar, una situación que calificó de “insostenible”.

De momento se han programado paros parciales hasta el próximo viernes 1 de abril, pero no se descarta un endurecimiento de las medidas de presión dado el “silencio” de la empresa concesionaria de este servicio, que ya había sido denunciada con anterioridad por sus trabajadores en Los Toruños y en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cádiz. Según Miguel Ángel Cruz, la empresa se hizo cargo del servicio de vigilancia del edificio de la Alameda de Cristina en junio de 2021, en base a un contrato de dos años con la Junta de Andalucía.

Desde el pasado mes de septiembre ya se vienen produciendo demoras en el abono de las nóminas, pero la situación se ha agravado con el inicio del nuevo ejercicio.El Sindicato Profesional de Vigilantes ya ha trasladado este caso a la gerencia de la Junta, reclamando la rescisión del contrato con la empresa y una nueva adjudicación del servicio.Sin embargo, hasta ahora no hay respuesta ni de la Administración autonómica ni de la propia empresa.

En el edificio de la Alameda de Cristina hay dependencias de la Agencia Tributaria y de Educación, teniendo allí también su sede el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Fin a la "pesadilla" de los vigilantes de seguridad del Parque Periurbano de los Toruños y Pinar de la Algaida. La Junta de Andalucía ha planteado el relevo de la actual concesionaria del servicio y la llegada de una nueva empresa que asumirá el servicio de vigilancia de estas instalaciones y la subrogación de la actual plantilla. Así esta nueva empresa relevará a la anterior, que debía varias nóminas a los trabajadores y cuyos impagos habían provocado la suspensión del servicio de vigilancia de manera temporal en estas instalaciones.

La solución se tomará a partir de este domingo, cuando se relevará a la empresa Mersant, que ya acumula varios episodios similares en edificios e instalaciones de otras administraciones públicas como el Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Chiclana o la Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz. Junta y Comité de Empresa llevan trabajando buscando una solución para que se cumpla el trámite con todas las garantías burocráticas.

El Sindicato Profesional de Vigilantes denuncia públicamente la “crueldad que supone prorrogar el sufrimiento de estos trabajadores"

La Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz comunica la prórroga de cuatro meses más a la empresa Mersant Vigilancia S.L., que presta servicios de Vigilancia y Seguridad de los edificios dependientes de la dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz y que lleva ya 4 meses sin abonar los salarios de sus trabajadores.

El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) denuncia públicamente, como hará ante el propio organismo, la “crueldad que supone prorrogar el sufrimiento de estos trabajadores, que después de soportar cuatro meses sin recibir sus salarios se encuentran ya al límite de sus fuerzas y de la pobreza, y ahora se les dice que les van a renovar el contrato desde el próximo 1 de abril y hasta el 31 de julio, lo que ha supuesto un mazazo a la esperanza de ver resuelta su problemática".

El SPV recuerda que otros trabajadores de esta misma compañía han sido subrogados por otras empresas de seguridad y han recibido parte de los salarios adeudados por parte de los organismos para los que trabajan, como son el Ayuntamiento de Chiclana, el Parque de los Toruños y la Algaida, el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía o Transportes Generales Comes".

"Es inadmisible que a esta empresa, que mantiene una fuerte deuda ante la Hacienda pública y ante este mismo organismo, se le dé crédito y confianza cuando no abona salarios desde el mes de noviembre de 2021. Pensamos que la prórroga de este contrato, con los antecedentes expuestos son como mínimo de una temeridad pública y de una falta de sensibilidad que raya el ilícito penal", critican desde el SPV.

El sindicato va a proponer a estos trabajadores que realicen recogida de alimentos y firmas de apoyo a las puertas de este organismo en los distintos centros de la provincia, pues de otra manera muchas de estas familias no podrán soportar el calvario al van a continuar sometiéndoles, y también elevará escrito de queja al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo, para que se abra una investigación.

Los alrededor de 70 vigilantes de diferentes dependencias municipales en Cádiz pertenecientes a la problemática empresa Mersant comienzan a ver la luz tras meses de impagos.

Mientras se trabaja en resolver el contrato con dicha firma en concurso de acreedores y en la tramitación para contar con una nueva empresa que subrogue al personal, el Ayuntamiento asegura que ha hecho efectivo el ingreso de las tres primeras nóminas adeudadas: las correspondientes a diciembre, la extra y a enero. Para afrontar las de febrero y marzo, está a la espera de que la empresa presente la facturación.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, confirma que “después de un largo y complejo proceso, al que se ha sumado también los cambios internos en la empresa, se está culminando el pago directo a los trabajadores”.

Así, a lo largo de este martes “están recibiendo ya los pagos correspondientes a las nóminas de diciembre, la extra y enero, que se han asumido desde el Ayuntamiento con cargo a los créditos sobre las facturas presentadas”, se detalla.

“Ha sido un trabajo muy complicado” porque la normativa es “muy específica y compleja”, pero el Ayuntamiento ha actuado “de la manera más rápida posible una vez que se constataron los incumplimientos de la empresa por los continuos impagos de las nóminas a sus trabajadores”, reitera Quirós.

El equipo de Gobierno celebra que esta plantilla de vigilantes de seguridad pueda recibir, “por fin”, al menos tres de las nóminas que se les adeudan para que puedan “ir teniendo un respiro”. Asimismo, espera que la empresa facture lo más rápido posible las otras dos que quedan pendientes para que también las puedan cobrar.

En paralelo, la Junta de Gobierno Local del pasado 18 de marzo aprobó la resolución del contrato con Mersant ante los continuos impagos de las nóminas (situación que se ha repetido en otras administraciones, como el Ayuntamiento de Chiclana, y dependencias de la Junta de Andalucía y del Estado); y ponía en marcha el procedimiento de contratación de una nueva empresa, con idea de que la fecha de resolución de la primera coincida con la de inicio de la nueva.

Y mientras la mayoría de administración que mantenían contratos con esta empresa tachada de “pirata” por sindicatos están tratando de solventar la situación, el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) ha llamado la atención sobre el hecho de que la Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz acaba de prorrogar cuatro meses más su relación con Mersant, que presta servicios de vigilancia en edificios dependientes de la dirección Provincial de la Tesorería, y cuyo personal también lleva ya cuatro meses sin cobrar.

Este sindicato llama “crueldad” a prorrogar “el sufrimiento de estos trabajadores, que después de soportar cuatro meses sin recibir sus salarios se encuentran ya al límite de sus fuerzas y de la pobreza, y ahora se les dice que les van a renovar el contrato desde el próximo 1 de abril y hasta el 31 de julio, lo que ha supuesto un mazazo a la esperanza de ver resuelta su problemática”.

“Es inadmisible esta prórroga a una empresa que mantiene una fuerte deuda ante la hacienda pública y ante este mismo organismo; es inadmisible que se dé crédito y confianza a una empresa que no abona salarios desde el mes de noviembre de 2021. Pensamos que la prórroga de este contrato, con los antecedentes expuestos son como mínimo de una temeridad pública y de una falta de sensibilidad que raya el ilícito penal”, se subraya.

El SPV ha anunciado que elevará un escrito de queja al propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo, “para que se abra investigación de tan extrañas situación”; a la vez que propondrá a esta plantilla la convocatoria de movilizaciones.

Hace unos años, cuando empezaba en esto de la Seguridad Privada, existían los Vigilante Jurados y en aquellas fechas, poder trabajar prestando servicios en algún organismo oficial era un inmensa suerte, fuese en Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas o para cualquier Ministerio de Estado, pues en estos servicios se contrataban empresas serias y no se conculcaban los derechos básicos de los trabajadores, pues de alguna forma, dichos organismos eran los garantes del bienestar y cumplimiento no solo de sus funcionarios, sino también de las contratas que les prestaban sus servicios: empresas de seguridad, limpieza, mantenimientos, jardinería, etc.

Con el paso del tiempo, se modificó la Ley de Contrataciones Públicas - elaborar leyes les corresponde a los políticos- y comenzaron a aparecer empresas que ofertando los concursos públicos a la baja obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la propia redacción del pliego de condiciones premia y puntúa sobre manera la oferta económica más barata, desaparece de la legislación las bajas temerarias , aquella que a priori, resultaba dudoso poder hacer frente a los costos del objeto del contrato, y con ello se consuma el desastre para los trabajadores de este tipo de empresas. Ha día de hoy casi todas las administraciones y organismos públicos contratan lo más barato y por ende lo que genera más problemas a los trabajadores de la contratas. Es una pena, que mientras esto sucede, en el sentido inverso, muchos de los políticos de turno, se procuran buenos salarios y no dudan en obtener incluso un pluriempleo en distintas de estas administraciones, cobrando lucrativos salarios en ambos, puertas giratorias y todo tipo de desvergüenzas. Podrían pensar un poco más en los ciudadanos y facilitarles sus derechos básicos, quizás reformando leyes a todas luces injustas.

Señores políticos, a los que a buen seguro aun quedáis horados, la democracia nos trajo a los que vivimos la transición el sueño de la igualdad, del respeto al débil, de la no discriminación y de una serie de derechos amparados por una Constitución que a día de hoy estamos destruyendo entre todos, pero los que tienen la obligación de legislar en justicia y velar por que así se cumpla, no pueden ser lo que les aboquen a los incumplimientos, pues llegado a este punto, como ciudadano libre y responsable de mis actos, me viene a la cabeza las palabras del filósofo Henry David Thoreau, precursor del pacifismo y de la desobediencia civil, pues no se debe colaborar ni cooperar con un sistema político a todas luces inmoral y falto de la más mínima ética, que propugna y proclama el valor de las instituciones, pero no duda en mirar para otro lado mientras saquean al débil y cuando se les pregunta que están dispuestos a hacer, responden que no está en su mano la solución y hay que cumplir lo firmado, aunque como en este caso, está manifiestamente demostrado, que MERSANT VIGILANCIA SL, SEPROALERT, ETC., son empresas piratas que se adueñan y apropian indebidamente de los salario de estos Vigilantes de Seguridad, incumplen el Convenio Colectivo y todo tipo de obligaciones (seguridad social, hacienda, etc.) sobre todo si trabajan para organismo públicos y un buen día, con la mayor tranquilidad, desaparecen como el Guadiana y dejan la deuda para que la pague el pueblo, mientras al día siguiente comienzan a operar con una marca distintas y el siclo comienza de nuevo. ¡Cómo han cambiado los tiempos!

Campaña SPV para la autoprotección del vigilante