El Sindicato Profesional de Vigilantes está que trina. Asegura sentirse desprotegido por culpa de una reciente decisión del Ayuntamiento de Jerez. Se trata concretamente de la que hace referencia a la prohibición para circular en la calle Larga y plaza del Arenal. Claro, ahora se encuentran con que los furgones blindados en los que trabajan y con los que deben realizar a diario entregas no pueden, a causa de la mencionada normativa, llegar a la puerta de los bancos y cajas. Y eso conlleva que estos profesionales responsables de custodiar importantes sumas de dinero tengan que hacer importantes trayectos a pie con el botín, con todo el peligro que eso supone.

Por eso han remitido un escrito al Ayuntamiento en el que le reclaman que reconsidere su decisión y revoque la normativa en cuestión. Aseguran que son numerosas las entidades financieras a las que ahora no pueden acceder con los correspondientes furgones blindados, como hacían hasta ahora: La Caixa, Banca March, Cajasol, Banco Santander, Banco Popular, Caja Madrid y Banco Andalucía.

Consideran que su servicio, reconocido por el Ministerio de Interior y Trabajo, en los casos de huelgas y servicios mínimos, como esenciales para la comunidad, «no puede ser catalogado por el Ayuntamiento de Jerez, como cualquier otro transporte de mercancía común -a los que en teoría va dirigida la normativa-, dispensándole el mismo trato que a éstos para las zonas excluidas al tráfico, sino, por el contrario, entendemos que deben ser autorizados en igualdad de trato que los servicios de Policía, bomberos, ambulancia, limpieza y jardinería, actualmente autorizados».

«Es evidente que una mayor distancia a las entidades objetos del servicio antes enunciadas significa un incremento en el tiempo de exposición y un mayor riesgo soportado sin razón que lo sustente o justifique», añade el colectivo en su escrito al Consistorio. Y es por ello que, literalmente, solicitan que «se considere autorizar en los horarios anteriores de carga y descarga (de 08.00 a 10.00 horas) a los vehículos blindados, en las zonas ahora restringidas, en caso negativo le informamos que a partir del 1 de julio, dichas entidades quedaran sin suministro de efectivo, por acuerdo adoptado entre los trabajadores del transportes de fondos». El conflicto, por tanto, está servido.

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Los vigilantes denuncian el peligro del traslado de fondos

Advierten de la falta de seguridad al tener que transportar mucho dinero a pie

alejandro hernández/jerez 
El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) ha enviado una carta al delegado municipal de Recursos, Seguridad y Movilidad, Juan Manuel García Bermúdez, en la que le solicita autorización para la carga y descarga en la calle Larga y plaza del Arenal de los vehículos blindados que realizan las entregas y recogidas en las entidades financieras de la zona. La misma carta también ha sido remitida a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para que estudie la situación que se produce en esta zona de la ciudad respecto al transporte de fondos.
Los vigilantes piden que se puedan realizar estos trabajos entre las ocho y las diez de la mañana, y se levante en ese período de tiempo de los días laborales la restricción de circulación sólo para los furgones blindados por sus especiales características.
Si no se autoriza, el SPV informa de que “a partir del 1 de julio, dichas entidades quedarán sin suministro de efectivo, por acuerdo adoptado entre los trabajadores del transporte de fondos”. Las entidades afectadas son las sucursales de La Caixa, Banca March, Cajasol, Banco de Santander, Banco Popular, Caja Madrid y Banco de Andalucía.
Esta decisión es apoyada por el comité de empresa de Loomis Spain SA, concesionaria del transporte de fondos en toda la provincia de Cádiz. La empresa se encuentra realizando gestiones para solucionar el problema.
En la misiva, el sindicato defiende su petición en el hecho del peligro que supone el desplazamiento a pie de los vigilantes con la carga monetaria a cuesta. Según el SPV, existe el denominado “riesgo de aceras” al transportarse “fuertes sumas de dinero por la vía pública, con el consiguiente peligro de atracos e incremento de nuestra inseguridad personal, de la de los peatones que se encuentran en nuestro recorrido y de la de los propios bienes que custodiamos y trasladamos”.
El comité de empresa y el sindicato recuerdan que este servicio es reconocido por el Ministerio de Interior y por el de Trabajo como “esencial para la comunidad”, como demuestra que en los casos de huelgas generales se establecen servicios mínimos para el traslado de fondos a las entidades financieras.
A juicio del SPV, el trabajo de estos vigilantes no puede ser catalogado por el Ayuntamiento de Jerez “como cualquier otro transporte de mercancías común, dispensándole el mismo trato que a éstos para las zonas excluidas al tráfico”.
Los vigilantes opinan que el Ayuntamiento ha de entender que “deben ser autorizados en igualdad de trato que la Policía, bomberos, ambulancias, limpieza y jardines, que actualmente están autorizados”.
“Es evidente -concluye la argumentación del Sindicato Profesional de Vigilantes y del comité de empresa- que una mayor distancia a las entidades objeto del servicio antes enunciadas significa un incremento en el tiempo de exposición y un mayor riesgo soportado sin razón que lo sustente o lo justifique”.


“No podemos asumir el riesgo de otras personas”


“Sólo pedimos que nos dejen hacer nuestro trabajo con seguridad”, manifestó a ‘Información Jerez’ el presidente del comité de empresa de Loomis Spain SA, Miguel Gil, que en todo momento quiso dejar claro que “arriesgamos nuestra persona en estas circunstancias, lo que asumimos sin problemas, pero no podemos asumir el riesgo que esta circunstancia puede suponer para otras personas”.
Gil insiste en que “a mayor distancia entre el furgón blindado y la entidad, mayor riesgo para nosotros y para todos los ciudadanos con los que nos crucemos”. El presidente del comité de empresa subraya además que “en un supuesto atraco y ante la posibilidad de peligro real para la vida de otras personas, nosotros optaríamos por entregar el dinero, porque siempre tiene más valor la vida de una persona que el dinero, pero tenemos que pensar que nuestro trabajo es asegurar la entrega de los fondos y por eso exigimos el máximo de seguridad para nuestra trabajo”.
En Jerez, tan sólo una vez el transporte de fondos a los bancos y cajas de ahorros localizados en la calle Larga y en la plaza del Arenal ha contado con escolta de agentes de la Policía Nacional, previamente solicitada, “y los mismos policías reconocieron que la situación no podía seguir así, admitiendo la peligrosidad”, puntualizó el representante de los vigilantes.
El Sindicato Profesional de Vigilantes espera una pronta solución del problema, aunque aún no ha recibido contestación de la Delegación Municipal de Seguridad, y pone como ejemplo los casos de Cádiz y Puerto Real “donde anteriormente teníamos el mismo problema que ahora se mantiene en Jerez, pero parece que hacen manga ancha y podemos circular con los blindados hasta cerca de las entidades donde entregamos o recogemos los fondos”, apuntó Gil.